El Área de Trabajo de la Delegación del Gobierno ha recibido en dos días, hasta primera hora de la tarde de este miércoles, un total de 38 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) pese a que muchos empresarios estaban esperando la flexibilización de sus condiciones para iniciar el trámite. Los de sociedades directamente afectadas por las órdenes de cierre de negocios aplicadas a la hostelería y el comercio minorista suman 196 afectados, según la institución de la Plaza de los Reyes.

Algunas empresas de implantación nacional que también están radicadas en Ceuta (como Cortefiel, por ejemplo) han presentado idénticas solicitudes en Madrid, como corresponde para aquellas sociedades con más de un centro de trabajo en todo el país.

Los sindicatos cifran con cautela en un total de “cientos” los trabajadores que perderán temporalmente sus empleos en la ciudad autónoma, sobre todo en los sectores comercial y hostelero.

El Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, que entra en vigor este miércoles, establece que la exoneración de cotizaciones a las empresas que acometan ERTEs por fuerza mayor será del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos.

El secretario de Organización de CCOO en Ceuta, José Antonio Saiz, ha explicado que los formularios establecerán, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno central este martes, dos canales de gestión apelando a la vía exprés de la “fuerza mayor”: uno para las empresas afectadas directamente por el Estado de Alarma y otro para los de servicios auxiliares que también sufran pérdidas económicas debido a las restricciones de apertura y movilidad impuestas.

Las empresas deberán recoger en la documentación que presenten ante la autoridad laboral los datos (nombre, DNI y cuenta corriente) de los trabajadores afectados, por los que estos no tendrán, en principio, que hacer ninguna gestión para percibir la prestación por desempleo, ya que la Administración se encargará de trasladar su información al SEPE.

De dos meses a una semana

La tramitación de un ERTE se demoraba hasta ahora en la ciudad hasta una media de dos meses, pero se ha impuesto que por la crisis del Covid-19 no tarde más de una semana. Entre otras medidas de flexibilización, los informes hasta ahora preceptivos de la Inspección de Trabajo han pasado a ser potestativos.

También se ha acordado que no se exigirá haber cotizado un año de los últimos seis para cobrar el paro y que el tiempo que se perciba en la situación excepcional actual no restará del cómputo de tiempo acumulado para ser beneficiario de la prestación, que alcanza hasta un 70% de la base correspondiente.

En el caso de los autónomos se ha flexibilizado el acceso al cese de actividad, que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Este colectivo tendrá facilidades para que pueda cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.