La auditoría encargada al Gobierno a TRACE, empresa adjudicataria del servicio público de limpieza viaria, concluye que la UTE obtiene beneficios del contrato con la Ciudad, “sin que puedan precisar el montante”  y están en perfecta disposición para cumplir con su contrato y señalando además que “un porcentaje muy significativo de los gastos que no corresponden a personal se han realizado a empresas vinculadas”.

Según la auditoría a la actividad de TRACE, encargada  por el Gobierno instada por la oposición, la UTE obtiene beneficios y está en perfectas condiciones de cumplir con el pliego  y, además, del montante de pagos que imputa  al contrato no se pueden incluir algo más de 3,5 millones de euros en “gastos” entre 2013 y 2016 que fueron a siete sociedades vinculadas a la UTE: ACC, Makerel Medioambiental, Casa Ros, Benyben, Lirola, y Almacenes Bentolila.

Son los dos grandes datos de una auditoría que desde el principio se pone ‘peros’ a sí misma, precisando ya desde la introducción que no llega a auditoría y se queda en mero análisis, pues “no cumple los requisitos” y sus conclusiones no sirven para determinar “si el contrato y su prestación mantienen el deseable equilibrio económico financiero de todo contrato”.

Lo que sí tienen claro es que, examinadas las facturas de TRACE, puede decirse que “si están en condiciones de cumplir el contrato tal y como está previsto en los pliegos” y los resultados “son positivos en todos los ejercicios”. Y si hay pérdidas, obedecen a gastos de la empresa y no siempre para cumplir el pliego, señala la auditoría. Y no todos tampoco son exactamente gastos, pues acaban en las cuentas de empresas vinculadas a la UTE.

Millones en gastos innecesarios

Por un lado, la auditoría señala un exceso de gasto en uniformes, “no necesario para el cumplimiento del contrato” y propone un ajuste de la plantilla administrativa, “sobredimensionada”, dado que su número se ha incrementado desde el anterior adjudicatario.

Por otro lado, la auditoría observa un gasto recurrente que no cree apropiado imputar al contrato, como es la continuada limpieza de la fosa séptica pues, entiende la auditoría, la sociedad “debería haber adquirido una nave que constase (sic) con todos los requerimientos medioambientales para realizar su trabajo, en lugar de tener que afrontar un gasto excesivo en el vaciado de la fosa”. Un punto del que la auditoría propone recortar 400.000 euros.

No son los únicos gastos que la auditoría considera que no pueden incluirse en el contrato, como la asesoría jurídica, fiscal y contable, los honorarios del delegado,  o incluso la publicidad, de los que sospecha la auditoría se nutren también las empresas vinculadas a TRACE y que, subrayan, “deben imputarse al beneficio empresarial”.

Conceptos que no deben imputarse, según la auditoría, al contrato de servicio público de limpieza viaria y que sumados superarían los dos millones de euros, cálculo que en todo caso es una estimación, insiste la auditoría. Cantidad que alcanzaría los 2,5 millones al incluir los gastos financieros, referidos a deudas con Makerel para la financiación mediante ‘leasing’ de la adquisición de loso vehículos necesarios. “Aquí sí se produce un ajuste evidente, no sometido a la interpretación, dado que el interés demandado por Makerel a la UTE adjudicataria excede con mucho del interés de mercado”.

Fe de erratas: En la primera versión de esta noticia se recogía a la empresa Publi Publi -tal y como lo refleja la auditoría del Interventor de la Ciudad Autónoma de Ceuta- como vinculada con el grupo familiar empresarial ceutí que participa en Trace-. Tras hablar con la propia empresa y confirmar que la sociedad, como tal, no tiene vínculos empresariales con Trace en su capital social, se ha considerado oportuno rectificar esta noticia, sacando a Publi Publi de las vinculaciones de empresas con Trace y descontando la cantidad que le imputa el informe del interventor reduciéndola de los "casi 4 millones" a algo más de 3,5 millones que figuran en esta versión de la información.