ANDALUCÍA, MURCIA, MADRID, GALICIA, CEUTA Y CASTILLA Y LEÓN

Las autonomías del PP piden al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Las autonomías del PP piden al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera
Consejeros de Andalucía, Ceuta, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León
Consejeros de Andalucía, Ceuta, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León  

La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha participado hoy en una reunión junto con sus homólogos de Andalucía, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León, todas gobernadas por el Partido Popular. Una vez finalizado el encuentro, los consejeros han realizado una declaración conjunta que os adjuntamos y en la que solicitan una serie de medidas al Gobierno de la Nación. Por su parte, la representante del Gobierno de la Ciudad ha hecho hincapié en que Ceuta pasa por momentos muy complicados, no solo por el "tsunami" que ha supuesto la pandemia, sino también por el cierre de la frontera que ha provocado una doble crisis económica.

Además, la consejera ha recordado que la Ciudad está asumiendo competencias muy importantes en materia de Educación o Inmigración, en este último caso atendiendo a los marroquíes que quedaron atrapados a consecuencia del cierre fronterizo.

Comunicado íntegro:

Nuestra sociedad lucha contra una pandemia con dos claras consecuencias de una magnitud sin precedentes: una crisis de salud pública que exige actuar con responsabilidad y diligencia para controlar el contagio de la COVID; y un shock económico, que exige desplegar polí􏰀cas y reformas que impulsen una recuperación de la ac􏰀vidad empresarial y el empleo con la mayor celeridad posible.

Según las previsiones publicadas por FUNCAS esta misma semana, en el conjunto del 2020 se es􏰀ma una caída del PIB del 13%, en la que la ac􏰀vidad se contraerá un 35,5% en los sectores asociados al turismo y ac􏰀vidades de ocio y cultura, y un 4% en el resto de los sectores; con ello se prevé que la tasa de paro alcance hasta el 17% para el conjunto del año.

Dicho informe además señala que, para 2021 se espera un crecimiento del PIB del 7,9%. Sin embargo, a finales de ese año el PIB todavía se situará un 3,9% por debajo de su nivel pre- covid. Con toda probabilidad, la recuperación no sería total hasta 2023, o incluso 2024 dependiendo de la senda de polí􏰀ca económica.

A su vez, la crisis económica impacta de lleno en las haciendas de las administraciones que deriva en una crisis fiscal ante el desplome de la ac􏰀vidad, la destrucción del empleo, la caída de la recaudación y el aumento del gasto sanitario, educa􏰀vo, y de prestaciones sociales.

En este contexto, los españoles esperan de los responsables públicos una respuesta coordinada, leal, amplia y decidida por parte de todas las ins􏰀tuciones europeas y administraciones públicas estatales, autonómicas, provinciales y municipales.

La Cons􏰀tución Española en su Título VIII configura la organización territorial del Estado en municipios, en provincias, en las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de autonomía que se cons􏰀tuyan, gozando dichas en􏰀dades de autonomía para la ges􏰀ón de sus respec􏰀vos intereses; y garan􏰀zado el Estado la realización efec􏰀va del principio desolidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

La propia Cons􏰀tución establece de manera literal que “Las diferencias entre los Estatutos de las dis􏰀ntas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.” (Ar􏰁culos 137 y 138 de la CE)

Estos principios generales contenidos en nuestra norma suprema necesitan para su realización el elemento central de coordinación, fijándose en el ar􏰁culo 156 que “Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.”

De igual forma, la Cons􏰀tución también garan􏰀za la autonomía de los municipios, y el deber de que estos dispongan de los medios suficientes para el desempeño de las funciones atribuidas a las corporaciones locales (Ar􏰁culos 140 y 141 de la CE).

Esta forma de comprender el estado de las autonomías y el municipalismo acorde con los valores cons􏰀tucionales no está siendo comprendida por el actual Gobierno de la Nación, que ha descuidado la coordinación y cooperación con las administraciones territoriales, evidenciado una tendencia recentralizadora inédita, en la que pierde peso el consenso mul􏰀lateral en beneficio de las relaciones bilaterales con fuerzas independen􏰀stas, sin tener en consideración la imperiosa necesidad de sumar esfuerzos con todas las autonomías para el bienestar del país.

Los Consejeros de las Comunidades Autónomas Murcia, Cas􏰀lla y León, Galicia, Madrid, Andalucía y Ciudad Autónoma de Ceuta cuya población supone el 51,7% de la que corresponde a las Comunidades y Ciudades Autónomas de Régimen Común, nos hemos reunido hoy en Sevilla para abordar asuntos comunes en materia de planificación presupuestaria y requerir al Gobierno de la Nación el retorno a la cooperación y coordinación económica-financiera con las Comunidades para que puedan desplegar su autonomía de ges􏰀ón en un entorno de cer􏰀dumbre, así como para que el Estado garan􏰀ce la realización efec􏰀va del principio de solidaridad, y vele por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

Por todo ello conjuntamente suscribimos:

Solicitar al Gobierno de España la convocatoria urgente e inmediata del Consejo de Polí􏰀ca Fiscal y Financiera, como órgano creado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para la coordinación mul􏰀lateral entre la ac􏰀vidad financiera presupuestaria y de endeudamiento de las haciendas regionales y la estatal, habida cuenta que pese a que su reglamento (ar􏰁culo 6.3 de Acuerdo 1/1981, de 20 de agosto) establece que “habrá de reunirse, como mínimo, dos veces al año”; en 2019 no se reunió, y en 2020 desde el mes de febrero no se reúne, pese al impacto de la pandemia en el estado de las finanzas públicas.

Exigir al Gobierno de España cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y facilitar a las comunidades autónomas los documentos técnicos necesarios para que puedan realizar su planificación económico-financiera, y en par􏰀cular, el informe de evaluación de la economía española y el nuevo límite de gasto no financiero (obligaciones que se recogen en los ar􏰁culos 15 y 30 de la LOEPSF, y que deberían realizarse en el primer semestre del año); así como la previsión por entregas a cuenta para el ejercicio 2021, que al menos deberían ser iguales a las del ejercicio actual, y la valoración del tratamiento de la liquidación de las entregas del ejercicio 2020.

Reclamar al Gobierno de España valorar y revisar el cumplimiento de los obje􏰀vos de estabilidad para 2020, realizando un reparto justo y equilibrado del nivel de déficit entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, habida cuenta que según el informe 3/20 emi􏰀do por la AIREF el 17 de julio es􏰀ma que las CC.AA. podrían alcanzar en 2020 un déficit entre el 0,4% y el 0,9% del PIB, una vez incorporadas las transferencias del Fondo COVID-19, por lo que el límite actual proyectado (previo a la entrada COVID en España) del 0,2% es un obje􏰀vo muy di􏰂cil de alcanzar para el conjunto de sector.

Proponer al Gobierno de España que desarrolle una estrategia que hemos llamado de “Déficit Inverso”, de forma que se realice una distribución justa, equilibrada y coordinada del límite de déficit y deuda entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas atendiendo la realidad del gasto, aplicando de manera responsable la cláusula de escape regulada en el ar􏰁culo 135.4* de la Cons􏰀tución Española, como una herramienta de polí􏰀ca fiscal expansiva que permita cubrir con deuda la menor financiación de 2021; preservando el gasto en sanidad, educación y dependencia, así como gastos sociales y servicios básicos, sin subir impuestos, y con el obje􏰀vo de retornar en 2022 al equilibrio presupuestario.

Con ello, la Administración General del Estado podría acaparar la mayor parte del déficit público del conjunto de Administraciones en el ejercicio 2020, permi􏰀endo cubrir la financiación de los gastos de su competencia sobrevenidos y los menores ingresos que ha provocado la crisis del Covid; garan􏰀zando el aumento para 2021 y 2022 de los límites de déficit y deuda de las Comunidades y Ciudades Autónomas, en función de la previsión de mayores necesidades presupuestarias que van a surgir, puesto que tal y como señala la AIReF en el informe 3/2020 serán en dichos ejercicios cuando la financiación de las comunidades autónomas se verá gravemente afectada, por menores ingresos previstos para 2021 y 2022, y por la liquidación dos años después de las entregas del ejercicio 2020.

Esta medida es la traslación a las Comunidades de régimen común y Ciudades Autónomas para los ejercicios 21 y 22 de los acuerdos que el Gobierno de España ha suscrito en relación con la capacidad de endeudamiento para el ejercicio 2020 con el País Vasco y Navarra, que por su específico régimen de financiación notarán los efectos principalmente en el ejercicio 2020 (al igual que la Administración General del Estado).

Asimismo, se hace preciso ac􏰀var un mecanismo similar que a􏰀enda a las especificidades de las Ciudades Autónomas, frente a la pérdida de recaudación en estas administraciones.

Instar al Gobierno de España a consensuar con las Comunidades y Ciudades Autónomas la creación y distribución de un Fondo COVID para el ejercicio 2021, a fin de tener previsto de manera an􏰀cipada la financiación extraordinaria que fuese necesaria para apoyar a las Comunidades y Ciudades Autónomas frente a dis􏰀ntos escenarios de incidencia de la enfermedad durante el próximo año.

Insis􏰀mos al Gobierno de la Nación en la urgencia de reac􏰀var la reforma del sistema de financiación autonómica iniciada tras la Conferencia de Presidentes autonómicos de enero de 2017 y el informe de expertos; y presentar un cronograma de los trabajos para su desarrollo, debate y negociación mul􏰀lateral en el seno del Consejo de Polí􏰀ca Fiscal y Financiera.

Se hace necesario, en tanto y cuanto se configura el nuevo modelo, aprobar de manera urgente un fondo transitorio compensatorio que corrija el funcionamiento del sistema actual, elevando los recursos de todas las Comunidades Autónomas, y garan􏰀zando que se aportan los recursos necesarios para proveer de servicios públicos en igualdad de condiciones en todos los territorios.

Requerimos urgentemente al Gobierno de España a facilitar por información sobre el reparto ver􏰀cal y horizontal del Fondo “Next Genera􏰀on EU” acordado en la Reunión Extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Julio entre los diferentes niveles de administración (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Provincial y Local), de modo que las administraciones territoriales puedan ir incorporando tales previsiones en los presupuestos de 2021.

La distribución de los fondos europeos para la recuperación debe distribuirse entre las regiones en base a criterios obje􏰀vos, con los mismos elementos u􏰀lizados en el seno de la UE para el reparto entre estados miembros: población, desempleo e impacto de la crisis en el PIB.

Es imprescindible que el diseño y ejecución del Plan de Recuperación de España que será enviado a la Comisión Europea en el marco del Fondo “Next Genera􏰀on EU”,sea elaborado en coordinación con las Comunidades y Ciudades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos.

Proponemos al Gobierno de España la reforma para el impulso de la colaboración público-privada.

La colaboración público-privada es un elemento fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras y servicios, que a la vez que impulsa la ac􏰀vidad económica y la creación de empleo alivia la presión sobre el presupuesto de las administraciones públicas.

Para impulsar y desarrollar esta palanca de inversión es necesario analizar y resolver determinadas deficiencias iden􏰀ficadas que 􏰀ene el sistema de colaboración público-privada en España, y que afectan a todas las fases del ciclo de su preparación, contratación, ejecución y terminación de contratos.

Por ello proponemos al Gobierno la modificación de la regulación establecida en la norma􏰀va sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, y que actualmente cons􏰀tuye en la prác􏰀ca un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante.

9. Desplegar una polí􏰀ca tributaria que reduzca las cargas imposi􏰀vas para aquellos sectores que dinamizan la ac􏰀vidad empresarial, la llegada de inversión y la generación de empleo.

10. Ofrecer al resto de Comunidades y Ciudades Autónomas total cooperación para consensuar aquellas medidas que redunden en el interés general de los españoles, y garan􏰀cen la financiación necesaria que permitan a nuestras administraciones prestar unos servicios sanitarios, educa􏰀vos y sociales de calidad. Por ello, y ante la falta de convocatoria del Consejo de Polí􏰀ca Fiscal y Financiera, emplazamos a todos los consejeros de Comunidades y Ciudades Autónomas a celebrar un foro de trabajo para abordar los asuntos económicos financieros trascendentales para nuestras administraciones regionales y ciudades autónomas.

D. Valeriano Mar􏰁nez García Conselleiro de Facenda. Xunta de Galicia

Sevilla, 18 de sep􏰀embre de 2020

D, Juan Bravo Baena

Consejero de Hacienda y Financiación Europea.

Junta de Andalucía

D. Javier Celdrán Lorente
Consejero de Presidencia y Hacienda. Región de Murcia

D. Javier Fernández-Lasque􏰃y y Blanc Consejero de Hacienda y Función Pública. Comunidad de Madrid

D. Carlos Javier Fernández Carriedo Consejero de Economía y Hacienda Junta de Cas􏰀lla y León

Dña. Kissy Chandiramani Ramesh

Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública.

Ciudad de Ceuta

Las autonomías del PP piden al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera