Autónomos, franquicias y grandes superficies, en el punto de mira de la Inspección de Trabajo


Autónomos, franquicias y grandes superficies, en el punto de mira de la Inspección de Trabajo

- Se citará a los más de 3.200 trabajadores por cuenta propia dados de alta en la ciudad para que presenten una memoria de actividades

- Las contrataciones en formación o en prácticas y las irregularidades en grandes superficies, prioridades de acción

- Tesorería General de la Seguridad Social y Administración Tributaria unen fuerzas contra los estafadores

La directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Mirian Rodríguez; el jefe de la Inspección de Trabajo, José Diego Cruces; y el delegado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Juan Bravo, han protagonizado como ponentes ante unas quince personas, la mitad de la Administración Pública, la mitad del sector privado, una amena Jornada Divulgativa sobre Transparencia y Lucha contra el fraude fiscal en la Seguridad Social.

La charla, que se ha desarrollado en el Salón de Actos del edificio de la Seguridad Social de Recinto Sur, estaba dirigida fundamentalmente a “profesionales especializados en la gestión de trámites fiscales, laborales y de seguridad social”, aunque su asistencia fue mínima.

Ello no ha restado interés al encuentro, que ha abierto Rodríguez con una exposición general sobre el fraude (fiscal, laboral o la Seguridad Social) y las herramientas de prevención, detección precoz, investigación y concienciación social que utiliza la Tesorería para combatirlo en coordinación directa con múltiples estamentos, desde el Servicio de Empleo Público Estatal hasta la Policía Nacional pasando por Hacienda y la Inspección de Trabajo.

El delegado del la Administración Tributaria, Juan Bravo, ha lamentado la escasa contribución a la denuncia de los defraudadores que hace la ciudadanía española y ha cifrado entre un 7% y un 8% el volumen de estafa fiscal (unos 10.000 millones de euros al año) que se es capaz de localizar, tramitar y cobrar actualmente.

El jefe de la Inspección de Trabajo, José Diego Cruces, que en Ceuta cuenta con entre 4 y 6 inspectores capaces de gestionar unos 2.400 expedientes al año, ha concretado algunos de los objetivos prioritarios del departamento para los próximos meses. Bajo la lupa están y seguirán estando los autónomos, cuya gran número (el mes de noviembre se cerró con 3.251 datos de alta) “preocupa” en tanto en cuanto se pueda estar ocultando bajo esa figura “relaciones laborales, ausencia de actividad o beneficiarse gracias a las bonificaciones del mejor seguro médico posible”.

Citaciones en curso

La Inspección de Trabajo de Ceuta va a citar a “todos” los autónomos locales, especialmente a aquellos que no tienen ningún trabajador a su cargo y se dedican a labores genéricas (“dar clase, actividades musicales, seguros, economistas...”) para que presenten una memoria de trabajo que refleje “qué hacen y dónde están”.

Cruces ha detallado que el uso de la figura de autónomos para efectuar contrataciones, a veces “a la medida”, por parte de las Administraciones Públicas también está bastante extendido en la ciudad autónoma, donde la Administración local ha decidido erradicar este tipo de relaciones laborales tras perder varios litigios juiciales.

En el punto de mira de la Inspección están también “las condiciones laborales en franquicias y grandes superficies”, espacios que generalmente no tienen Convenios propios, en los que el porcentaje de mano de obra femenino es muy mayoritario y “donde se duplican turnos y se modifican sustancialmente las condiciones de trabajo”. Las contrataciones en formación y prácticas (unas 60 en Ceuta) también están bajo el foco de la Inspección, como las realización e horas extra a granel.

Según Cruces, las grandes bolsas de fraude ya no están "en que el comercio o el bar de turno no den de alta a un trabajador", sino en no cotizar por todos los elementos por los que hay que hacerlo, en la ocultación de jornadas y en otras figuras. En ese sentido, el jefe de Inspección ha alertado de que quienes acumulen deudas superiores a 50.000 euros con la Seguridad Social durante cuatro años serán llevados a la jurisdicción Penal y ha recordado que las sanciones económicas que conlleva la defraudación multiplican ahora "exponencialmente" el posible ahorro logrado con la trampa.

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