RESPUESTA GUBERNAMENTAL

Caballas pide a los gobiernos de PP y PSOE “transparencia” y que digan si “quieren acabar con el Tarajal”

Caballas pide a los gobiernos de PP y PSOE “transparencia” y que digan si “quieren acabar con el Tarajal”
ali arostegui oct2018
Aróstegui y Ali este viernes durante su comparecencia ante los medios.

El Tarajal y sus circunstancias, ¿la tormenta perfecta o un plan pactado y orquestado a modo de conspiración poco menos que gubernamental e internacional? Es la cuestión que ha puesto este viernes encima de la mesa Caballas a través de sus dos máximos exponentes, los diputados en la Asamblea, Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui que se han hecho eco de la respuesta dada por el Gobierno a la interpelación que presentó la formación localista a través de sus socios en el Congreso, los valencianos, Compromís. En la respuesta, el Ejecutivo viene poco menos que a respaldar la actuación de los bancos a la hora de negarse a aceptar “billetes de alta denominación” (eufemismo usado por el Gobierno en su respuesta para los billetes de 200 y 500 euros. Aunque eso sí, aclara que “la ley no establece una prohibición genérica de operar” con esos billetes. “Sin embargo, sí exige de las entidades de crédito un conocimiento exhaustivo de la actividad de los clientes y del origen de sus fondos. De no ser debidamente obtenida esa información, motivaría que dichas entidades adoptasen, en función de los establecido en sus propios procedimientos y protocolos internos, las medidas previstas en la ley para estas situaciones, que incluyen el no establecimiento de relaciones de negocio o la abstención de ejecución de operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de debida diligencia prevista”, prosigue el Gobierno en su respuesta a Compromís.

La traducción que ha hecho este viernes Caballas de la respuesta del Gobierno es bastante más clara. Alí y Aróstegui han pedido “transparencia” absoluta a las autoridades, tanto al Gobierno Local como al Gobierno de la Nación para que expliciten si su apuesta es acabar, “como han expresado otras veces” con el denominado comercio atípico y “si así fuera” que planten un plan alternativo para un sector que supone entre el 15 y el 20 por ciento de la economía local y cuyo impacto en el empleo es, en realidad, indescifrable.

“Los detractores del comercio transfronterizo dicen que son pocos empleos. Cuando han hecho un chequeo sobre las altas en la Seguridad Social asociadas al Tarajal y los polígonos los números son pequeños. Pero es que hay mucho empleo sumergido en las estadísticas. Mucha gente que vive, o mejor dicho, malvive en el alambre, muchas familias que no salen en las estadísticas: vigilantes de mercancía, transportistas y otros que hacen labores auxiliares”, ha explicado Aróstegui.

Para Caballas “no puede ser casualidad” que todas las entidades bancarias se hayan puesto de acuerdo para comenzar a aplicar en el primer semestre de 2018 las mismas medidas: dejar de aceptar los billetes grandes y comenzar a cerrar cuentas a clientes a los que considera que no tienen suficientemente justificado su volumen de caja. Algo a lo que alude el propio Gobierno de la nación en su respuesta a Compromís, donde recuerda que las entidades de crédito están obligadas por ley a tener un conocimiento exhaustivo del origen de los fondos de sus clientes: “Si este proceso de diligencia debida y obtención de información suficiente para poder hacer un correcto seguimiento de la operativa no pudiera completarse, las entidades deberán abstenerse de mantener relaciones de negocios con ese cliente”. Y más: “En esta línea, la norma europea (2015) y española (2010) indican como actividad de riesgo que, necesariamente, requiere un mayor control y seguimiento, a que emplee de manera habitual e intensiva efectivo”.

Alí y Aróstegui han pedido “transparencia” absoluta a las autoridades, tanto al Gobierno Local como al Gobierno de la Nación para que expliciten si su apuesta es acabar, “como han expresado otras veces” con el denominado comercio atípico y “si así fuera” que planten un plan alternativo para un sector que supone entre el 15 y el 20 por ciento de la economía local y cuyo impacto en el empleo es, en realidad, indescifrable.

Caballas obvia en su interpretación las sentencias que han condenado a empleados de una entidad financiera en Melilla por considerar que no fueron suficientemente diligentes en ese control, y otra más, que condenó a directivos de otro gran banco en Madrid por los mismos motivos, haciendo recaer la culpa por errores en el control no ya en las entidades, sino directamente a pie de caja o patio de operaciones. O los cierres de cuentas a grandes empresas de Ceuta que ya se empezaron a producir en 2017.

A Caballas la respuesta del Gobierno le deja “estupefactos, indignados, soprendidos y animados a actuar” ante “una ambigüedad” que denota que “no hay apoyo al sector del comercio local” por parte del Gobierno de la nación. Y aunque entienden los localistas que con la respuesta en la mano, los empresarios tienen todos los argumentos para denunciar a los bancos que no les acepten billetes de curso legal, saben que esa batalla es larga y costosa y prefieren apostar por la vía política.

los localistas van a iniciar una ronda de contactos con los empresarios del Tarajal, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios para informar de primera mano de la respuesta recibida y de paso, recabar más información

En esa vía van a pedir a las autoridades que se pronuncien con claridad si entre sus intenciones está la de liquidar el denominado comercio atípico a la vista de esta respuesta y de la falta de respuesta al cierre unilateral por parte de Marruecos a la aduana comercial de Melilla que funcionaba desde hace 60 años. Hechos que les llevan a “especular”  -así lo reconocen- con que lo que hay es un plan, que sería secreto o por lo menos oculto a la ciudadanía y al tejido empresarial para cerrar el comercio atípico. Si la respuesta fuera afirmativa y las intenciones fueran liquidarlo, Caballas entiende que entonces habría que articular un plan consensuado con toda la sociedad de regeneración económica que fije un horizonte de iniciativas para paliar la caída de un sector que supone entre el 15 y el 20 por ciento de la economía de la ciudad.

Por eso, tras recibir la respuesta los localistas van a iniciar una ronda de contactos con los empresarios del Tarajal, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios para informar de primera mano de la respuesta recibida y de paso, recabar más información.

Aróstegui: "si se llega a la conclusión que el comercio atípico tienen los días contados, no se puede hacer de un modo torticero. Debe ser motivo de debate y urgente. Los hechos apuntan a que hay un plan y los ceutíes tienen derecho a conocerlo y opinar"

Hechos en cascada

Aróstegui cree que “no se puede tachar de casualidad cuando se dan cita hechos tan graves” como serían: el cierre sin respuesta del Gobierno de España de la aduana de Melilla por parte de Marruecos; el informe encargado por Marruecos para conocer el impacto del comercio atípico en la zona norte, la gestión de la frontera al antojo de Marruecos o los cierres de cuentas y la no aceptación de billetes grandes por parte de los bancos en la ciudad a un mismo tiempo. “¿Es casualidad o es que alguien ha tomado la decisión de terminar con el comercio atípico? Si se ha llegado a esa conclusión se debe hacer pública y con un plan alternativo”, ha hilado Aróstegui. Un plan que añade debe ser “consensuado”.

Y aunque por las palabras de Ali y Aróstegui se trasluce un cierto convencimiento de que la decisión está tomada, apuntan “si se puede, se debe mantener el comercio atípico”, a pesar de todo lo que lo rodea que ha sido analizado y debatido mil veces y también denunciado por ellos mismos. Pero “si se llega a la conclusión que el comercio atípico tienen los días contados, no se puede hacer de un modo torticero. Debe ser motivo de debate y urgente. Los hechos apuntan a que hay un plan y los ceutíes tienen derecho a conocerlo y opinar”, ha insistido Aróstegui.

Para Caballas, la idea que subyace es que lo que está sucediendo es una actuación orquestada que apuesta por cansar y aburrir a los empresarios. “Si hay cien o doscientos que dejan la actividad, un problema menos, y si hay menos clientes de Marruecos el problema se hace más pequeño”, han seguido especulando y reconociendo que así lo hacen para evitar señalar ni al Gobierno de la Nación ni al Local. “En rigor, no podemos hacerlo”, ha apuntado Alí. Por eso piden transparencia absoluta sobre su posicionamiento al respecto.

Así recuerdan que la actividad en la frontera ha caído un 20 por ciento este año, como la recaudación por IPSI. “¿Quieren eliminarlo? Que lo digan”, ha espetado con rotundidad Ali. Y si no es así, Caballas entiende que a las autoridades les tocaría mojarse en defender los intereses del tejido comercial de Ceuta y Melilla, respondiendo por ejemplo al cierre unilateral de la aduana de Melilla o presionando para que la actitud adoptada por los bancos cambie.

Aróstegui ha recordado por ejemplo que el Gobierno del PP en la Ciudad Autónoma ya se negó a aprobar una propuesta para solicitar a Marruecos la implantación de una aduana comercial cuando aún estaban en el Gobierno central con Rajoy en la Moncloa, lo que podría denotar cuáles son sus intenciones. “No se puede hacer de espaldas a la ciudadanía”, ha dicho Aróstegui sobre el supuesto de que la intención sea acabar con ese comercio “atípico”

Caballas pide a los gobiernos de PP y PSOE “transparencia” y que digan si “quieren acabar con el Tarajal”


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