El sector del juego sigue en el centro de la polémica. La implantación de auténticos trasatlánticos económicos en la ciudad al calor de la rebaja fiscal puesta en marcha por el ex ministro Montoro para convertir a Ceuta y Melilla en competidores directos por ese y otros sectores digitales de Malta y Gibraltar parece estar teniendo un éxito que como todo éxito no está exento de críticas, algunas más fundadas que otras. Ante las dudas, desde Caballas han optado por, al hilo del reportaje de cariz algo amarillista publicado por el diario digital elespañol.com el pasado lunes, preguntar al Gobierno por algunas cuestiones relacionadas con la implantación de estas empresas en la ciudad en la próxima sesión plenaria.

En concreto, los localistas quieren saber “¿Qué mecanismos de control tiene el Gobierno para comprobar que el empleo creado en este sector está ocupado por personas que efectivamente residen en Ceuta? ¿Está en condiciones de garantizar que efectivamente es así?, y ¿puede explicar el Gobierno el importe total de los ingresos que ha perdido el Estado por la aplicación de la bonificación del 50 por ciento en la tasa del juego en los ejercicios 2019 y 2020?

Caballas cita expresamente el artículo aparecido en el diario que dirige Pedro J Ramírez que recientemente en una opinión ya puso a la ciudad en la picota y no precisamente para bien. Recuerda Caballas en su argumentación que, según lo publicado, Ceuta se habría convertido “en una tapadera de toda clase de negocios turbios y actividades ilícitas. A nuestro juicio se trata de unas acusaciones que no deben quedar sin contestación, pues dañan la imagen de Ceuta en unos momentos especialmente delicados”.

Y eso a pesar de que los propios localistas parecen no creerse demasiado lo publicado por el diario conservador liberal digital: “más allá de la veracidad, o no de cuanto allí se dice, lo cierto es que el Gobierno no es nunca suficientemente claro a la hora de explicar los pormenores de la implantación de una actividad que aún siendo perfectamente legal, no deja de estar rodeada de un halo de sospecha permanente, entre otros motivos, por su facilidad para prestarse al fraude. Es por ello que el Gobierno debería ser extremadamente celoso en garantizar la transparencia en todo lo relativo a esta actividad. No es aceptable la evasiva de ‘se trata de una actividad privada’, porque está financiada de manera indirecta por todos los españoles a través de una considerable merma en los ingresos públicos”.

Si bien Caballas habla de merma ni tan siquiera está claro que sea eso, una merma, habida cuenta que muchas de estas empresas que ahora tributan al tipo mínimo en Ceuta (España) antes pagaban esos impuestos en Malta o Gibraltar (Reino Unido), con lo cuál en lugar de merma podría darse la situación que en algunos casos fuera justo lo contrario, incremento.

Caballas considera “que es necesario explicar si el esfuerzo que se está haciendo tiene una repercusión positiva en la generación de empleo en Ceuta, única finalidad que puede justificar el dumping fiscal que se ha organizado en torno a las empresas de juego”. De ahí que hayan optado por la fórmula de la pregunta al Gobierno en sesión parlamentaria para tratar de aclarar todas estas dudas.