Para el sindicato, este nuevo caso pone de manifiesto el “intolerable abuso que hace el Gobierno de esta figura, dándose en esta ocasión la circunstancia de que supone un enriquecimiento injusto para la empresa”.
Por todo ello, CC.OO. exige al Gobierno que cese con estas prácticas fraudulentas de una vez por todas.
Por su parte, UGT y CSIF han llevado el caso (que no denunciado) ante la Fiscalía por si el uso de estos contratos pudiese suponer un fraude de Ley bien por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, bien por estar cubriendo empleos estructurales y no temporales como exige la ley en el caso de la Colaboración Social.
Por otro lado, Caballas interpelará al Ejecutivo para que "explique" al Pleno "cuál es la situación actual de los centenares de trabajadores en Colaboración Social", "si cumplen con la legalidad vigente (es decir si desarrollan tareas temporales en servicios y tareas diferentes de los que debe cubrir la plantilla ordinaria de la Ciudad en el ejercicio de las competencia que le son propias)" y "qué decisiones piensa adoptar en orden a regularizar esta situación".