Como en los últimos años en cada Primero de Mayo, CCOO y UGT tampoco han querido o sido capaces de ponerse de acuerdo para rechazar juntas, como sí hacen a nivel nacional, la reforma constitucional que PSOE y PP han pactado acometer por la vía de urgencia para poner en la Carta Magna un techo al endeudamiento público.

Los comisionistas han confirmado este martes, vía nota de prensa, que han llamado a todos sus delegados a acudir este jueves a las 12.30 horas a una concentración "abierta a toda la ciudadanía y singularmente a la clase trabajadora" en la Plaza de los Reyes, ante la Delegación del Gobierno. La central que lidera en la ciudad Juan Luis Aróstegui pretende que esta movilización sirva para poner de manifiesto su radical oposición a un movimiento que se teme que pueda acabar con un cuarto del empleo público "con el consiguiente impacto en los servicios sociales".

UGT-Ceuta no tiene previsto sumarse a la cita. Al sindicato de Antonio Gil le ha vuelto a desairar que los comisionistas no hayan hecho "ni el menor intento" por trasladar al ámbito local la unidad sindical que se ha mostrado en el resto de España y este miércoles celebrará un Consejo Territorial para decidir sus próximos pasos, que previsiblemente pasarán por el envío de una delegación integrada por miembros de sus federaciones a Madrid para participar en la gran movilización proyectada para el próximo martes 6 de septiembre.

A través de un comunicado de prensa, los ugetistas han censurado una reforma que a su juicio sólo pretende "satisfacer las demandas de los especuladores, y de los mercados frente a las sociedades de los países" mediante "el paso más exagerado que se podía dar en el giro y deriva que se abrió a partir de mayo del año pasado con las políticas de recortes sociales y laborales".

Socialistas y Populares sólo han logrado este martes por la mañana el apoyo de UPN en la toma en consideración de la reforma en el Congreso.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha hecho, vía nota de prensa, un llamamiento a los consumidores para que participen en todas las movilizaciones convocadas, como esta, frente a "la criminal reforma constitucional". "La decisión impuesta por los partidos mayoritarios es una muestra más de desprecio hacia los derechos de los consumidores, que en 4 años de crisis no han recibido ningún apoyo ante sus graves problemas, en particular los millones de familias que padecen las abusivas hipotecas en España", entiende esta entidad.

La Asociación remitirá a sus más de 100.000 socios y a todos los consumidores que lo soliciten un documento explicativo de las posibles consecuencias de la reforma en curso y llevará a cabo una 'encuesta express' sobre todos estos aspectos que se publicará antes de la aprobación del texto en el Senado.

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