Comisiones Obreras de Ceuta ha instado este miércoles a través de una nota de prensa a la Administración General del Estado a actuar para corregir lo que califican de “funcionamiento deficiente” de sus servicios y a que “arbitre las medidas necesarias para promover la plenitud de derechos de los ciudadanos”. Considera el sindicato que los mismos no se disfrutan desde el momento en el que la Dirección Provincial de Ceuta del Instituto Nacional de Seguridad Social paralizó hace ya más de cuatro meses la resolución de expedientes de incapacidad permanente.

Según el sindicato, esta situación estaría causada por la falta de médico evaluador en el Equipo de Valoración Médica de Incapacidades.

¿Y por qué no hay médico? Antes había dos, uno de los evaluadores se jubiló y el otro está en situación de incapacidad temporal desde hace varios meses. Así las cosas, el tribunal no puede dictaminar sobre los expedientes de incapacidad que se encuentran en trámite y que, a día de hoy, afectan a más de cincuenta personas, según ha informado el sindicato.

Para Comisiones Obreras esta lamentable situación tiene una responsabilidad política. “Los recortes presupuestarios adoptados de manera drástica por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero están afectando negativamente y generando perjuicios intolerables a los ciudadanos, como muestra este caso particular de la falta de reposición de efectivos en casos de jubilación o incapacidad temporal”, ha manifestado el sindicato a través de su nota de prensa.

“Las dilaciones indebidas en la tramitación de los expedientes administrativos producen perjuicios en los interesados que junto, a su situación de enfermedad o lesiones causadas por accidentes, viven la incertidumbre de no saber qué calificación merecerá su expediente y cuál será el grado de incapacidad que se les reconocerá finalmente”, ha explicado el sindicato.

Así se producirían, según la explicación de Comisiones Obreras de Ceuta, dos clases de desajustes. Uno a favor de la Administración, que de forma temporal estaría ahorrando dinero, pero en perjuicio para los trabajadores. Y es que en algunos casos los futuros beneficiarios de incapacidad permanente no cobran el subsidio de incapacidad temporal a cuenta, sino que proceden de una situación de baja en la Seguridad Social y no perciben prestaciones por incapacidad alguna. Incluso, en otros casos, los perceptores de prestaciones por incapacidad permanente perciben cuantías inferiores a las que les corresponderían por su grado de incapacidad durante la prórroga del subsidio. Si bien, después la Seguridad Social está obligada a pagar atrasos si finalmente se declara su Incapacidad en un grado mayor.

Y por otro lado, la propia Tesorería de la Seguridad Social puede verse perjudicada de forma negativa, según ha explicado el sindicato. Ya que en algunos otros casos el importe resultante de la pensión puede ser inferior al del subsidio, con lo que el interesado no tiene la obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente y se beneficia injustamente de la demora en la tramitación de su expediente por el funcionamiento deficiente de la Administración de la Seguridad Social.