Al margen de lo que ocurra durante el transcurso de las próximas semanas, ambas centrales sindicales consideran que, en Ceuta, "tenemos unos empresarios que lo único que hacen es abusar de sus trabajadores" al tiempo que se benefician de las rebajas fiscales
37,5 horas semanales; no es negociable. La otra opción pasa por la insurrección. No, servidor no se refiere a la mítica canción de El último de la fila; la cosa aquí es bastante más seria. Hace ahora cinco días, CCOO y UGT convocaron -de la mano- múltiples movilizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional de cara al próximo 26 de septiembre. El objetivo: "Humanizar las relaciones laborales y mejorar la vida de las personas".
Los sindicalistas tienen claro que la noble causa que representa la reducción de la jornada laboral constituye "una cuestión de justicia social", una que, por descontado, "contribuirá a que la riqueza que genera el país se reparta de manera más equitativa". Problemas hay muchos. El principal de ellos bien podría resumirse en aquello de 'con la iglesia hemos topado'. Para bien o para mal, en este caso concreto, no es la Santa Sede la que está conjurando contra los trabajadores, sino, precisamente, la principal némesis de estos últimos: los empresarios.
Para sorpresa de nadie, la negativa de quienes pagan es más que patente. Estos, claro, tienen asumido que, de materializarse la conquista, su patrimonio y su estatus social podrían verse seriamente amenazados. "Nosotros estamos en contra de eso", apuntaba Emilio Postigo, quien considera que el actual presidente de la patronal, Antonio Garamendi, "debería dar un toque de atención" por la sencilla razón de que "muchos abusan de los trabajadores". "Hay quienes echan más de 40 horas a la semana", reprochaba el secretario general de CCOO en suelo caballa.
Hoy mismo, Gobierno, Confederación y sindicatos se han reunido a puerta cerrada para abordar el asunto. En caso de resultar el encuentro infructuoso para los intereses de la clase obrera, Comisiones y UGT no descartan convocar parones e, incluso, una huelga. A falta de conocer cómo se resolverá la cita, ambas entidades contemplan como contramedida más inmediata "un calendario de movilizaciones".
Pese a las reticencias de los empresarios, Juan Carlos Pérez cree que la consecución de la reducción de la jornada laboral "no resultará en una merma en la productividad". Y es que, según los datos que maneja el líder de la Unión, España, "uno de los países de Europa donde más se trabaja", es también "uno de los menos productivos". Parece evidente, por tanto, que algo falla.
A juicio de Pérez, en Ceuta, "tenemos unos empresarios que lo único que hacen es abusar de sus trabajadores" al tiempo que se benefician de "las rebajas fiscales". "Obtienen beneficios a costa de pisotear a los asalariados", criticaba el sindicalista. "Esto se tiene que acabar", reprochaba.
Hoy por hoy, nuestra salada tierra representa -en palabras de Pérez- "una isla en temas de derechos laborales". La lista de sectores en los que los convenios caducaron hace mucho y aquellos en los que, directamente, no los hay, es extensa: hostelería, comercio, sanidad privada, despachos y oficinas... Hasta el gremio de la prensa -ese gran olvidado- está en sus horas más bajas desde que los sindicatos decidieron apoyar en Ceuta única y exclusivamente a los empleados públicos (y a pedir pluses para estos).
Surge otro problema: los citados "son sectores muy difíciles de movilizar". Los empresarios lo saben; saben que, en ocasiones, sus empleados están entre la espada y la pared. Muchos, de hecho, no tienen reparo alguno a la hora de amenazar con el paro, por eso los trabajadores "tienen que poner de su parte". "Que se lo piensen; esto es para ellos", concluía Postigo.
