En ocasiones las reivindicaciones de algunas patronales no distan mucho de la caricatura con la que suelen despreciar a otros sindicatos. En tiempos duros, trufados de pandemias, guerras y hostilidades vecinas, alguien podría pensar que lo que toca es arrimar el hombro y repartir sacrificios. La Confederación de Empresarios (CECE) ha hecho balance este martes, 13 de diciembre, de la reunión que mantuvo su Ejecutiva con el Gobierno de la Ciudad el pasado miércoles, 7 de diciembre. El balance que traslada la propia Confederación de Empresarios se sintetiza en una ristra de medidas que suponen medidas para contribuir con menos impuestos a la sociedad, pero recibir más de ésta en forma de ayudas.

Menos impuestos porque la “CECE trasladó la antigua demanda de reformar en profundidad el IPSI para establecer un funcionamiento en términos de deducibilidad similar al existente en el IVA. Esta reforma permitiría eliminar la presión fiscal sobre el consumidor final que se ve obligado a pagar los productos acumulando un IPSI en cascada”, recoge en su comunicado el sindicato patronal. En su opinión se evidencia que para el empresario local es automático que repercutan al consumidor el ahorro en ese IPSI hoy en cascada en muchos sectores. Sí es una vieja demanda de los empresarios locales.

Y además de esa reforma en profundidad, demandaron al Gobierno de Vivas reducir los tipos impositivos “tanto en productos específicos como de manera general transitoria, analizando los tipos existentes en Melilla, sensiblemente más bajos. Se planteó como ejemplo la bajada ya aplicada por Melilla hace unos años para textil y calzado”.

Y también medidas para gestionar “mejor” el IPSI, al menos por parte de los empresarios, “como el aumento del plazo para la domicialización en liquidaciones periódicas”.

Y más recortes en impuestos: “Se pidió una revisión general de las tasas urbanísticas, ya que actualmente la suma del coste de todas las tasas urbanísticas del sector inmobiliario resulta un importe superior al del mismo impuesto de construcciones (ICIO)”.

Y como contrapartida a pagar menos impuestos, la CECE planteó que los empresarios reciban más ayudas. O más bien como complemento. “En apoyo a las pymes y al comercio de la ciudad, se solicitaron ayudas complementarias al modelo de Ceuta Resiste, y también complementarias a las ayudas recientemente otorgadas por el SEPE para microempresas, de manera que pudieran acceder a esas ayudas no sólo las microempresas sino otro tipo de pymes”, recoge en su comunicado, aunque no aclara que otro tipo de pymes aspira la CECE a que se beneficien de más ayudas.

Más allá de lo puramente monetario, la Ejecutiva de la Confederación de Empresarios pidió apoyo de la Ciudad “en las gestiones que está realizando con la Dirección General de Aduanas para intentar mejorar el sistema de depósitos aduaneros y para crear nuevos depósitos de carácter indefinidos”. También mejoras en el sistema de tributos para esos depósitos. 

La CECE “requirió a la Ciudad su colaboración para la realización de estudios legales profesionales y especializados con la intención de aplicar y homogeneizar la normativa aduanera del CAU en Ceuta”. Todo apunta a que se trata de que la Ciudad sufrague esos estudios realizados por asesorías privadas.

Los empresarios se interesaron también por el estado del nuevo PGOU e instó “a la Ciudad a llevar a Pleno antes de que acabe el año los informes y salvedades exigidos para su aprobación definitiva”.

El equipo de Arantxa Campos trasladó al Ejecutivo de Vivas su preocupación por las informaciones de los últimos meses sobre la aduana comercial por entrar en funcionamiento, “llegando a un consenso con la Ciudad sobre lo que dicha aduana debería ser para el desarrollo económico de Ceuta”.

Respecto al Plan Estratégico, la CECE pidió a la Ciudad a que se haga participe al sector empresarial de la ciudad y se le tenga como actor interviniendo, además de destinatario del mismo.

“Por último, la CECE expuso su preocupación por la repercusión sobre las bonificaciones de autónomos que va a tener la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 26 de julio, publicado en BOE del 27 de julio”, cierra su comunicado el sindicato empresarial.