La Administración ceutí se ha consolidado durante los dos primeros tercios de este año como el octavo mayor cliente de Tragsa, que ha facturado a la Ciudad Autónoma 17,02 millones de euros entre enero y septiembre de 2019, más que regiones como Extremadura, Baleares, Asturias, Navarra, Euskadi, Cataluña...

Por delante del Gobierno de Vivas solo se sitúan el conjunto de la Administración General del Estado (257,5), la Comunidad Valenciana (41,8), Andalucía (37), Galicia (28,7), Castilla y León (26,3), Castilla-La Mancha (24,9) y Madrid (17,8).

Durante todo 2018 Ceuta produjo un volumen de actividad de 13,5 millones de euros para Tragsa, por detrás de la Administración Central, la Generalitat Valenciana, la Xunta de Galicia, Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Madrid y Baleares.

En términos relativos, el peso de la Ciudad en la actividad de Tragsa ha pasado del 1,7% del total en 2018 al 3,1% en lo que va de año a pesar de que ha incumplido los plazos de la práctica totalidad de los proyectos que se le han encomendado con el de la Gran Vía como ejemplo paradigmático.

Durante la campaña electoral de mayo, Vivas aseguró que “la próxima legislatura será algo excepcional recurrir a Tragsa porque ya tenemos el plan de inversiones hecho, hay muchos anteproyectos realizados y ya estamos entrenados para tener agilidad en la contratación".

Si su Ejecutivo había encargado a dedo a esa empresa pública durante los dos años anteriores casi todos sus proyectos (medio centenar de encomiendas por cerca de 60 millones de euros de presupuesto hasta verano, según las estimaciones de Julio Azuara) fue porque "nos encontramos con una nueva Ley de Contratos del Sector Público, con proyectos que podían atender necesidades manifiestas de los ciudadanos y con la posibilidad de reactivar la inversión pública y la generación de renta".

Durante este tiempo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda ha concluido que "no es admisible" que se encarguen a Tragsa obras "en zonas o núcleos urbanos, como empresa constructora del sector público estatal, autonómica y provincial, en claro detrimento de la competencia".