"ESCLAVOS"

Ceuta, récord en contratos de Colaboración Social, un chollo para la Administración, una trampa para el trabajador

Ceuta, récord en contratos de Colaboración Social, un chollo para la Administración, una trampa para el trabajador
trabajador obrero apaisada
Archivo

Noventa ceutíes firmaron en el mes de junio un contrato de Colaboración Social con la Administración pública. Casi tantos como en Andalucía (92) y tantos como Asturias, Cataluña y la Comunidad Valenciana juntas. Y todo ello sin contar la prórroga de otros 411 contratos en programas de Colaboración Social anunciada a finales de junio.

Ceuta es, desde hace mucho tiempo, campeona de España de este tipo de contratos, una ganga para la Administración, que tan solo complementa la prestación del desempleado, pero sin seguridad social. Esto es, el trabajador cobra pero no cotiza. Según explica el SEPE, “si está percibiendo una prestación por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal puede ofrecerle y exigirle el desempeño de un trabajo de colaboración social; se trata de trabajos para una Administración Pública que deben ser de utilidad social y tener carácter temporal, además de coincidir con las aptitudes físicas y formativas del desempleado contratado y no suponer cambio de residencia habitual de la persona trabajadora”. 

Este tipo de empleos los podrá realizar por un máximo de tiempo igual al que dure la prestación o el subsidio y “no implicarán relación laboral entre usted y la entidad en la que los desarrolle”, se puntualiza, por lo que seguirá percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo.  Si trabaja en colaboración social, la Administración Pública completará el importe de su prestación o subsidio, hasta igualarlo con el importe de la base reguladora de la prestación contributiva que esté percibiendo o de la que agotó antes de percibir el subsidio. Le pagará también sus desplazamientos y cotizará a la Seguridad Social, pero solo por las contingencias de un accidente de trabajo o  por enfermedad profesional.

Una definición con varias claves a tener en cuenta: han de ser empleos de interés social, de carácter temporal, destinado a personas desempleadas que estén cobrando una prestación y que tan solo cotiza a la Seguridad Social por las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad.

Es en el punto de la condición de desempleados de los contratados donde Ceuta destaca sobremanera: con 11.731 parados, de los que apenas 4.163 cobran una prestación, registra la misma cifra de contratos de Colaboración Social que Andalucía, con cerca de 900.00 desempleados de los que más de medio millón cobran una prestación. En el mes de junio, último dato disponible, Ceuta ocupó la tercera posición en el número de contratos, muy cerca de la segunda, Andalucía, aunque muy lejos de la primera, Castilla-La Mancha, con quien Ceuta se disputa este discutible podio y donde se firmaron 1.130 de estos contratos. Eso sí, apenas un 1,2 por ciento de los más de 88.000 parados que cobran una prestación en esa comunidad autónoma, 21 veces más que en Ceuta. De los 411 contratos de Colaboración Social que la Ciudad anunció la prórroga, 93 irán al Programa Medio Ambiental con 266.000 euros; 4 para el de Jardines, 11.000 euros; 2 para cuidadores de animales, con 5.000 euros; 10 a salud Pública por 49.000 euros; 23 al cementerio de Sido Embarek por 95.000 euros; 2 al de Prevención, 10.000; 75 para el Punto Covid, 312.000 euros; 189 cuidadores de barriadas por 789.000 euros; 6 de Sanidad Animal y para Epidemiología.

Más de 400 contratos de esta modalidad a los que hay que sumar los más de 800 firmados en los últimos doce meses. Una práctica demasiado habitual. Así se lo recordaron en el debate plenario sobre la modificación del Presupuesto los portavoces de PSOE, Manuel Hernández, y del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, reprochando al Gobierno el “abuso” que hace de la Colaboración Social. Preguntado al respecto poco después por los medios, el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, alegó cuestiones de “urgencia”, consecuencia de la pandemia, pero lo cierto es que el “abuso” de esta modalidad de contratos se remonta muchos años atrás.

Una opinión que comparten los sindicatos. Así lo cree el secretario general de la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad Autónoma, José Antonio López, para quien este “abuso” no es sino otro engranaje de la red clientelar del PP en Ceuta. Contratos de los que se está abusando sin ajustarse a lo que se exige de ellos: “que tengan un objetivo y una temporalidad”. La Administración local no puede seguir aprovechándose de estos trabajadores, zanja. “Hay gente que ha trabajado 10 ó 12 años en Colaboración Social, hasta jubilarse y luego se encuentran con que l pensión se les queda en nada”.

Entiende que la gente no pueda decir que no a esos empleos, que a veces no piensas en las consecuencias cuando necesitas un trabajo, pero cree que la Ciudad debe usar esta fórmula con límites, ajustándose a la Ley. “Todo lo que sea empleo está bien, pero no precario y engañoso”.. Desde la sección sindical de CCOO en la Ciudad avisan que estarán atentos a esos contratos, “trabajos low-cost que solo benefician a la administración” y que, si son necesarios, como muchos lo son, deben sacarse a concurso y cubrir esas plazas.

“En CSIF llevamos denunciándolo desde 2016”, apunta Iván Ramos. “Desde la sección local del CSIF exigimos que se erradique de forma inmediata el uso de la colaboración social como destino en la administración pública. Los ciudadanos que acceden a colaboración social, a la que desde todos los ámbitos posibles hemos definido como la esclavitud de nuestro tiempo son privados de todos los derechos como trabajadores, no disponen de días libres ni de vacaciones y lo que es más grave, ni siquiera cotizan por el trabajo prestado, lo que les obliga a seguir consumiendo su paro acumulado aún encontrándose trabajando”.

Una modalidad de contratos que viene siendo denunciada desde hace años y que el Gobierno ha usado especialmente en la última década, siempre con la colaboración del SEPE en Ceuta, quien elige a los trabajadores y abona la parte de su sueldo correspondiente a las prestaciones. Por que, en definitiva, el trabajador de Colaboración Social es un empleado público, el de más baja ralea, al que le paga su sueldo dos Administraciones públicas, aunque no cotice, ni tenga vacaciones, ni apenas derechos.

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