La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha reclamado este lunes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pago de las subvenciones nominativas correspondientes a 2019 y 2020, que asciende a 14,4 millones de euros (7,2 millones por cada año) y que se compense a la Ciudad por el gasto que está asumiendo en la atención de la inmigración desde que comenzó la crisis sanitaria.

Estas son dos de las consideraciones que la consejera ceutí ha puesto de manifiesto en la reunión de coordinación que se ha celebrado por videoconferencia entre el Ministerio de Hacienda y los responsables de Economía y Hacienda de las comunidades para coordinar la respuesta económica a la situación de emergencia creada por el COVID-19. Chandiramani también ha pedido al Ministerio que contemple, en el caso de Ceuta, que la Ciudad Autónoma tiene las competencias en Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, a la hora de distribuir entre las Comunidades y Ciudades Autónomas el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros, de los que 10.000 millones se destinarán exclusivamente a gasto sanitario. La ministra se ha comprometido a valorar esta petición e incluirla en la propuesta económica que se realice para Ceuta.

Durante el encuentro, la ministra ha trasladado a los consejeros autonómicos los detalles de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta la fecha para hacer frente a la crisis sanitaria; se ha abordado la liquidez de las autonomías, a través de las aportaciones y anticipos que está realizando el Estado en materia de financiación autonómica, para que las comunidades y ciudades autónomas a su vez inyecten liquidez al sistema, y se ha desglosado el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros anunciado por el presidente del Gobierno.

De ese montante, 10.000 millones se destinarán a gasto sanitario, 1.000 millones a gasto social, que se distribuirá entre las autonomías de igual forma que el fondo extraordinario puesto en marcha el pasado mes de marzo, y del que a Ceuta le correspondió el 0,5 por ciento, lo que supondría la llegada de 5 millones para gasto social. En este sentido, la consejera también ha insistido, tal y como ayer lo hizo el presidente, la Ciudad Autónoma no debe asumir el gasto de atender a inmigrantes, adultos y menores, sino que debe ser la Administración General del Estado la que lo contraiga o compense a la Ciudad sea compensada de manera suficiente.

Respecto al reparto de los 5.000 millones restantes, con los que se compensará la reducción de ingresos, la Ciudad Autónoma elevará una propuesta a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, una vez que se determine por parte de los técnicos del área de Hacienda la pérdida de ingresos que ha sufrido la Ciudad a consecuencia de la emergencia sanitaria y sus derivadas social y económica.