El diputado autonómico de Caballas Juan Luis Aróstegui parece haber tenido más fortuna que los medios de comunicación que han preguntado por el asunto y, "según los primeros datos recabados", ha cifrado en "un millón y medio de euros" la deuda acumulada por la Administración local con la Empresa de Alumbrado, unos impagos que en el mejor de los casos para el Gobierno ceutí equivale a cinco meses de mora, más que suficiente para que la comercializadora le pueda cortar, de acuerdo con las prescripciones legales, el suministro.

Desde que, el martes de la semana pasada, justo después de "el mayor apagón de las últimas décadas", según la Empresa de Alumbrado, su director técnico confirmase en rueda de prensa que sí, que el Ejecutivo de Vivas no es su mejor pagador, tal y como se oye en la calle desde hace mucho tiempo, el Gobierno local ha decidido hacer mutis al respecto.

La portavoz accidental, Mabel Deu, aseguró el viernes que de ese tema no se había hablado en el Consejo de Gobierno y la Ciudad ha respondido con el silencio a las repetidas preguntas de este medio sobre la cuantía de los impagos con Alumbrado. Nadie, ni fuera de micrófono, se ha atrevido desde la Asamblea a pronunciarse con cifras sobre el asunto. Moviéndose entre pasillos y despachos, de forma verbal y no por escrito ni formalmente, fuentes de la Administración han cifrado en 1,5 millones la misma a Aróstegui.

Fuentes bien informadas han situado en "unos 300.000 euros mensuales" el consumo energético de la Administración local, que extrañamente ha transferido este ejercicio a la GIUCE de Juan Manuel Doncel la competencia para realizar los pagos. El año pasado, los Presupuestos de la Ciudad situaban en 2,1 millones (175.000 euros al mes) su recibo anual eléctrico.

En la interpretación más favorable para el Ejecutivo de Vivas, las deudas equivalen a 5 meses de abastecimiento; en el peor, a nueve. En cualquiera de los dos, por encima de las cuatro mensualidades sin abonar a partir de las cuales prevé la legislación que el suministrador cierre el grifo eléctrico a una Administración Pública.

Límite para el corte: 4 meses para el sector público, 2 para los particulares

El segundo párrafo del artículo 50.3 de la Ley del Sector Eléctrico establece que "en el caso de las Administraciones públicas, acogidas a tarifas de último recurso, transcurridos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago sin que el mismo se hubiera efectuado, comenzarán a devengarse intereses que serán equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos. Si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento, el pago no se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro".

Igualmente, la normativa prescribe que la empresa distribuidora podrá proceder a la suspensión del suministro por impago al sector público, "siempre que el mismo no haya sido declarado esencial, si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento dicho pago no se hubiera hecho efectivo”. Que se sepa, el Gobierno ceutí no ha tomado tal precaución.

Desde hace meses, coincidiendo con la multiplicación de interrupciones del suministro a los consumidores, la coalición localista ha venido poniendo en la picota más o menos explícitamente la existencia de una connivencia entre el Ejecutivo ceutí y la Empresa de Alumbrado que permite a la segunda mantener una red "del siglo XIX" sin demasiadas exigencias gubernamentales y al primero, que jamás le ha impuesto una sanción, no verse acuciado por las fauces del sector, que a partir del segundo mes de mora puede dejar sin luz a cualquier particular.

Tal y como resaltó el director técnico de Alumbrado, Javier Gallego, hay otras entidades locales que están o han estado en peor situación que la Ciudad Autónoma. Uno de los casos más sonados se dio en Jerez de la Frontera hace apenas cuatro meses, cuando Endesa dejó sin electricidad a su empresa municipal de telecomunicaciones por un impago de 15.000 euros, una parte nimia de los más de 3 millones que reclamaba al Ayuntamiento gaditano.

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