El mecanismo extraordinario habilitado por el Ministerio de Hacienda para, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con el aval del Estado, permitir a ayuntamientos y Autonomías endeudarse y pagar sus deudas comerciales acumuladas hasta el 1 de enero pondrá el contador de la mora de la Ciudad con proveedores a cero sólo entre comillas. El portavoz del Ejecutivo local ha asegurado este viernes que Intervención sólo ha aceptado 69 de las "más de 1.600" facturas impagadas que ha recibido desde el 15 de marzo, con lo que la suma total a financiar se eleva a unos 83 millones, tres más de lo inicialmente cuantificado.

Por el camino quedan aproximadamente 30 millones de euros que diferentes empresas reclaman al Gobierno local por supuestos encargos "que no vienen firmados ni avalados por los técnicos". Mientras diferentes empresarios lamentan en la calle y argumentan ante los empleados que ponen en ella que no saben cuándo van a cobrar lo que la Ciudad no les ha metido en la cuenta del ICO, el Gobierno apenas deja, al menos en público, resquicios a ese futurible.

Según Martínez, salvo que se compruebe la existencia de algún "error" por el camino o sentencia judicial en contra, esas presuntas deudas no se saldarán nunca.

"Habrá que ver caso por caso, pero las razones para rechazar las facturas recibidas giran sobre tres motivos: que no se presentaron en plazo, que no entraron en el escrutinio efectuado previo contacto con los suministradores o que no vienen firmadas o informadas oportunamente por los técnicos", ha detallado el nuevo consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos.

Con sus números, Martínez ha querido desmentir los aportados ayer por Caballas, que a través de un comunicado de prensa denunció que la avalancha de facturas recibida "es una prueba más del descontrol absoluto que vive la Administración local, en la que se desconoce lo que se adeuda y nadie se responsabiliza de nada".

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