Ciudad y Delegación firman un acuerdo para reforzar la coordinación en la lucha contra el fraude

Ciudad y Delegación firman un acuerdo para reforzar la coordinación en la lucha contra el fraude
Vivas con Román, Carreira y Bel firmando el acuerdo

- Se pesarán casi la totalidad de mercancías que entran en Ceuta, se vigilará el transporte y almacenaje de las mismas exigiendo que todo esté en regla

- Se prevé pedir a Interior que dote la frontera de medios humanos y tecnológicos para agilizar los pasos de mercancías y personas haciéndolos comptaibles con la seguridad

- En el horizonte de la mejora en la coordinación está poner fin a la indignidad que se vive en los polígonos del Tarajal y la frontera diariamente

- Descargue el resumen de las medidas que recoge el acuerdo (word)


El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, han rubricado este jueves un acuerdo de cooperación entre la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma que busca mejorar la coordinación entre todos los estamentos de las administraciones que pueden intervenir en alguna situación para perseguir el fraude en la importación y transporte de mercancías en Ceuta.

El acuerdo establece protocolos de colaboración claros y concisos para la mejor de esa lucha. Por parte de la Ciudad están involucrados la Consejería de Gobernación y la Policía Local, la Consejería de Economía, el Área de Transportes, el Organismo Autónomo Servicios Tributarios, la Consejería de Fomento, Áreas de Urbanismo y Obras Públicas y la Consejería de Sanidad a través del área de Consumo. Por parte de la Administración General del Estado figuran la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Autoridad Portuaria de Ceuta, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo de Ceuta, la Jefatura de Tráfico de Ceuta, el servicio de Aduanas, el servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria además de la Abogacía del Estado en funciones de asesoramiento jurídico.

Se trata de afinar la coordinación para descubrir como por ejemplo hay empresarios que declaran mercancías por un 10 por ciento del valor real que contienen sus contenedores o buscan encuadrarlas en un tipo de mercancía con tipos impositivos más baratos que lo que les marca la realidad.

El acuerdo, según explicaron tanto Vivas como González perseguirá que “la excepción no sea la norma” y eso se traduce en que se van a pesar la casi totalidad de las mercancías que llegan al Puerto de Ceuta y se vigilará su almacenamiento y transporte hasta el punto de destino.

Se exigirá que las vespas o rascales estén en regla y que todo el mundo que lleve mercancía esté registrado como transportista. Nadie, ni el director de la Agencia Tributaria le ha querido poner cifras al objetivo. Pero han destripado algunos datos en Ceuta entran mercancías por un valor anual de entre 1.200 y 1.300 millones de euros. Cifra techo sobre la que se puede especular.

En sólo un mes y medio funcionando esta coordinación en lo tocante a la Autoridad Portuaria se han destapado fraudes que han supuesto ingresos por 100.000 euros a las arcas públicas, como ejemplo.

Además del pesaje o el control de los vehículos y las licencias de transporte, se va a regular los acceso al Tarajal. Y quizás lo más importante. Al delegado y a muchos otros ciudadanos se les va “a acabar la situación que pone los pelos de punta, que es que en Ceuta puedan entrar y salir personas sin ser identificadas en los tiempos que corren”. En el Tarajal II habrá registro e identificación de personas.

Y es que el acuerdo contempla pedir al Ministerio del Interior que dote a los pasos fronterizos de los suficientes recursos humanos y tecnológicos para hacer compatible el paso ágil de mercancías y personas con la seguridad.

Y se va a intentar diferenciar esa entrada en Ceuta, se separará por primera vez quienes vienen a Ceuta a comprar al detalle, turistas marroquíes de la emergente clase media alta y quienes vienen a comprar al por mayor.

Y aunque no lo han dicho de forma tajante y explícita, Delegación y Ciudad persiguen acabar con lo que González ha calificado como “fórmulas ofensivas para la dignidad humana” en el transporte de mercancías que se viven diariamente: las porteadoras.

Vivas aún ha dado más rodeo para lanzar un mensaje de calma ante lo que puede a corto plazo parecer un duro golpe a la economía local, para explicar que “las sociedades evolucionan y hoy hacemos cosas que antes no hacíamos y antes hacíamos cosas que hemos dejado de hacer al evolucionar”.

Pero eso sí, “no se persigue el denominado comercio atípico”. Se trata eso sí de tener un mayor y más profundo control de las mercancías que se mueven por suelo ceutí, sin importar que después salgan y cómo salgan.

Los protocolos supondrán un ahorro al Estado. De hecho en cuatro años en los que se ha venido trabajando en esta misma línea la compensación por la recaudación del IPSI se ha reducido en un 26 por ciento, 12 millones de euros menos. La recaudación de 2014 es la mejor de la serie desde 2001.

“SE persigue el objetivo común de beneficiar al comercio, hacer cumplir la Ley y terminar con el fraude”, han explicado Vivas y González. Un objetivo común que quiere potenciar al comerciante y al empresario que cumple persiguiendo al que defrauda.

González ya ha vaticinado que “habrá quienes se quejen y critiquen esto, son los que les va muy bien con la falta de control y les gusta estar en la parte turbia”. Tanto Vivas como González creen que esta mejora en la coordinación es “un hito”, “un punto de inflexión” en el modelo comercial de Ceuta que abrirá “oportunidades” al tejido más productivo de la economía local para modernizarse y evolucionar hacia otro modelo de negocio distinto y más rentable.

Reforma del IPSI

Esa mejora en la recaudación que está haciendo retroceder el coste para el Estado en la compensación por la recaudación del IPSI se pretende que sea reinvertida en la ciudad para seguir generando mejores servicios y adecentando zonas. Y el propio Vivas abrió la puerta a una reforma del impuesto por la vía de la reducción de los tipos impositivos para tratar de mejorar la competitividad del sector comericial.

Durante muchos años esta demanda largo tiempo pedida por la patronal había sido puesta en cuarentena bajo el argumento de que rebajar los tipos de forma unilateral podría tener consecuencias para la compensación del Estado hsta el punto de ponerla en peligro. En los tiempos de bonanza ese riesgo parece haberse disipado.

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