Los sindicatos convocantes -CCOO y UGT- han adelantado ante la prensa que, ahora, pedirán al Gobierno local que convoque "de manera urgente" una reunión de la Mesa de Diálogo Social para, con ello, "poner las cosas en su sitio" y dotar de convenios colectivos a aquellos sectores que no los tienen
Podría haber ido (mucho) mejor, pero eso no significa que haya ido mal. No lo significa, al menos, para sus principales artífices: Comisiones Obreras y UGT. Ambos sindicatos convocaron hace ahora una semana múltiples concentraciones a nivel nacional para presionar al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez -y a la patronal- por la reducción de la jornada laboral. No se sabe, por ejemplo, cómo habrá ido la cosa en Torrelodones; lo que sí se sabe es que, en Ceuta, el seguimiento ha sido, como poco, mucho menor del inicialmente esperado.
El fin último de las movilizaciones pasa por dejar atrás de una vez por todas las 40 horas semanales y pasar a un régimen de 37,5. Gobierno y sindicalistas buscan, con ello, "humanizar las relaciones laborales y mejorar la vida de las personas". A juicio de los segundos, la causa constituye "una cuestión de justicia social", una que, según dicen, "contribuirá a que la riqueza que genera el país se reparta de manera más equitativa".
La teoría está muy bien. La práctica, como siempre, es harina de otro costal. Las negociaciones entre los actores que están metidos de lleno en la pomada se encuentran ahora mismo en un escenario de estancamiento. El inmovilismo del sector empresarial es tal que los representantes de los trabajadores quieren que Moncloa imponga la medida por la vía legal, esto es, sin contar con la opinión de quienes pagan las nóminas. Estos, claro, consideran que, de acabar materializándose las pretensiones de la clase obrera, el fin del mundo está más que asegurado.
Ha sido a pie de Revellín, a las puertas del icónico Edificio Trujillo, justo donde se encuentra la sede de la CECE: hasta allí se han desplazado (tal y como estaba previsto) los máximos mandamases de ambas centrales sindicales en suelo caballa. Tras ellos, en segunda línea, algo menos de medio centenar de personas -no sabemos si trabajadores o liberados- han secundado lo que Juan Carlos Pérez ha calificado como "una jornada de éxito". Eso sí: "A nivel nacional".
"Estamos muy contentos", confesaba el propio Pérez ante la prensa. "Este es el principio de una lucha que se antoja bastante larga por la postura de la Confederación de Empresarios", ampliaba el líder sindical, que avisaba a Antonio Garamendi y compañía: "No vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo".
Pérez ha adelantado que las delegaciones ceutíes de CCOO y UGT van a solicitar al Gobierno que preside Juan Vivas que convoque "de manera urgente" una reunión de la Mesa de Diálogo Social "para poner las cosas en su sitio". La razón: "En Ceuta, hay miles de trabajadores que no tienen un convenio colectivo que regule su relación laboral con las empresas".
Pese al aparente talante negociador de los empresarios, los sindicalistas no terminan de confiar. "Cuando he escuchado esta mañana a la presidenta de la Confederación decir que esto se resuelve a base diálogo, me he hartado de reír", revelaba Pérez, que decía haber recibido "la callada por respuesta" siempre que ha tocado sentarse a hablar.
"Lo vamos a conseguir", subrayaba Emilio Postigo. Al igual que sucedió cuando se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional, el líder local de Comisiones tiene claro que, "si no hay no negociación, se conseguirá con la presión". La aplicación del plus de residencia, la otra "gran deuda pendiente de los sindicatos", podría correr la misma suerte de continuar la lucha por los actuales derroteros.
