Ciudadanos (Cs) ha reclamado este lunes del Gobierno de la Nación un pronunciamiento "con absoluta claridad" sobre "las causas reales para que los bancos no acepten billetes de 100. 200 y 500 euros" y sobre "que se esté procediendo al bloqueo y cierre de cuentas de empresarios ceutíes a quienes no ofrecen una explicación convincente". En paralelo, al calor de la crisis generada por las entidades fnancieras, la formación naranja ha advertdo que "el hecho de que Ceuta se vea abocada a vivir de un comercio irregular con el país vecino es un asunto que debe replantearse desde el Estado". A su juicio "es el momento de encontrar soluciones y no agravar el problema frente a un panorama tan sombrío".

"Las explicaciones que todos estamos esperando de algún portavoz de la Delegación no se producen y la institución se limita a anunciar que consultará al Banco de España mientras comerciantes y ciudadanos se preguntan", ha comparado Cs, "qué ha cambiado en Ceuta para que los bancos hayan variado sus normas internas y si hay alguna investigación o proceso judicial en marcha que justifica las medidas adoptadas por las entidades financieras".

Los de Karima Aomar creen que "Ceuta necesita una solución común" que pasa "por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales" y por una salida "a una problemática del sector empresarial que ve en peligro la continuidad de los negocios, aportándole la tranquilidad que necesita".  "Todos sabemos que, tal y como está ahora, la frontera no ofrece alternativas y que llegados a este punto se debería abrir un abanico de posibilidades donde elegir la opción más favorable dentro de la legalidad para la economía de nuestra ciudad. No podemos permitir que el comercio, que está atravesando por una situación muy delicada, no tenga futuro", ha remarcado.

Ciudadanos "entiende" la "indignación" de los empresarios que se están viendo afectados por el modo de operar en estos últimos meses de las entidades financieras pero también "valora" el objeto que persiguen las medidas preventivas de las que disponen estas entidades y que se han puesto en marcha por decisión de los responsables de control de riesgos de las empresas privadas.