Es uno de los temas que más en vilo tienen a todo el tejido económico de la ciudad. Si nada cambia antes, el 1 de septiembre el sistema que lleva casi dos décadas funcionando de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social pasará a la historia. Donde ahora hay un 50 por ciento de ahorro en las cuotas empresariales, que supone además un 8 por ciento de sueldo en las nóminas de los trabajadores, será sustituido por cuotas de bonificación fijas en función del salario, dejando en el limbo además ese 8 por ciento del que se benefician los trabajadores. Por eso la noticia saltó cuando hace dos semanas el secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez, anunció lo que de facto era un cambio de postura en el sindicato: de estar radicalmente en contra del cambio a anunciar un estudio para saber pormenorizadamente a quienes beneficia y a quienes perjudica. Del estudio probablemente se sepa a lo largo de la próxima semana. Pero este jueves, el secretario general de Comisiones Obreras, Emilio Postigo, ha anunciado que “en una conversación informal, de pasillo, se nos dijo que se prorrogaría la entrada en vigor de esa medida 4 ó 5 años”.

Anuncio informal de que el Gobierno estaría por la labor de estudiar más a fondo el asunto, algo que también pidió el propio Álvarez, que lamentó que no se hubiera consultado a los sindicatos ni a la patronal antes de lanzar la medida. Si lo paralizan para negociarlo, “eso sería perfecto”, dijo Álvarez.

Postigo ante ese anuncio informal, también ha desvelado que pidió al Gobierno que esa prórroga o al menos el compromiso se certificara por escrito. Parece que aún sin éxito.

Aún así, los dos principales sindicatos siguen reticentes y con las orejas tiesas con el asunto. Postigo ha dicho este jueves que con que “un sólo trabajador salga perjudicado, nosotros nos vamos a oponer al cambio con toda nuestra fuerza”. Y en la misma línea ha ido su compañero de UGT, Juan Carlos Pérez. El sindicato estudia sí, pero acabará defendiendo la solución que sea mejor y beneficie más, ya no sólo a los trabajadores, también a las empresas, que son las que en caso de salir perjudicadas podrían acabar pagándolo con los trabajadores.

Ambos sindicatos han recordado además que el compromiso del Gobierno que se llegó a plasmar en algún borrador del Plan Integral para caerse después era el de incrementar esas bonificaciones del 50 al 75 por ciento, para después sin consultar a nadie hacer una reforma que todo apunta supone un recorte de los beneficios fiscales que disfruta la ciudad y que sirven para incentivar la economía y la competitividad de las empresas lastrada por las famosas peculiaridades geográficas, poblacionales y de recursos que tiene la ciudad.