El Consejo de Gobierno de este viernes la ha dado luz verde a un plan de ayudas para tratar de salvar el tejido económico de la ciudad y el social que computa en total la movilización de unos 70 millones de euros, entre ayudas directas, rebajas en los impuestos y moratorias fiscales. Las medidas las ha dado a conocer el propio presidente del Gobierno, Juan Vivas.  Y las mismas requerirán ahora de lograr la aprobación del Pleno de la Asamblea, dado que conllevan entre otras cosas la aprobación de varios expedientes de modificación de crédito, es decir cambios en las partidas de gasto previstas en el Presupuesto General de la Ciudad para 2020 por valor de 16,6 millones de euros y la solicitud de créditos bancarios por valor de 30 millones de euros. Al menos 4,3 millones de euros de esos 70 y que estarían dentro los que el Ejecutivo va a poner encima de la mesa a modo de "inyección directa de oxígeno" salen de la aportación del Estado. A eso habría que sumarle lo que supongan las medidas de bonificaciones o rebajas por el IPSI de importaciones, que el Gobierno Central compensa cada año.

Ayudas urgentes al tejido empresarial y autónomos

El Gobierno ha dividido sus medidas en varios apartados, el dinero contante y sonante se pretende hacer llegar a las micro empresas y los autónomos de manera urgente para que puedan sobrevivir a la crisis económica que el parón de la actividad para evitar la propagación del virus COVID19, lleva aparejado.

En ese apartado estas son las ayudas que ha enumerado Vivas:

10 millones de euros

Se destinará a través de un fondo extraordinario a modo de inyección directa a empresas pequeñas, las denominadas micro y los autónomos. Lo va a gestionar Procesa y la Consejería de Economía y Hacienda aún trabaja en las bases de estas ayudas, pero el presidente ya ha adelantado algunas de las ideas con las que se está trabajando para incluir en los criterios.

Se podrán beneficiar de estas ayudas las empresas con menos de 10 trabajadores, hasta 9, y los autónomos, que además facturen menos de 2 millones de euros al año. Tendrán que acreditar “que están en dificultades de mantenerse como consecuencia de la crisis del COVID19”, ha dicho Vivas sin especificar más.

La cuantía se prevé que oscile entre dos márgenes de máximos: 1.441 euros para los autónomos sin trabajadores a cargo y 4.683 euros para las empresas con 9 trabajadores. Las cuantías se han establecido tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional y los costes de seguros sociales que lleva aparejados. Y se prevé que puedan beneficiarse de ellas hasta 3.600 empresas, entre ellas 2.000 autónomos.

Podrán destinar estas ayudas a los gastos que forman parte de la estructura fija de costes de la empresa: sueldos y salarios, pago de impuestos y seguridad social, suministros básicos, alquileres, luz, agua… “Todo lo que hace falta para mantener un negocio en pie y levantar la persiana todos los días”, ha manifestado Vivas.

Pago urgente de deuda a proveedores. 23 millones de euros

El Gobierno pretende liquidar con la mayor celeridad posible los pagos pendientes a proveedores que existen en la actualidad. Un total de 23 millones de euros, según la cifra ofrecida por el presidente.

15 millones en obras

El Gobierno prevé hacer un ajuste en el Plan de Inversiones para que por valor de 15 millones de euros se incluyan “obras que sean susceptibles de ser ejecutadas por empresas del sector de Ceuta. Es una ayuda a un sector, el de la construcción, que Vivas ha cifrado que aporta un 10 por ciento del Producto Interior Bruto de la ciudad.

Medidas fiscales

Además de la inyección directa de euros en las arcas de las empresas y autónomos, mediante ayudas, pagos pendientes y nuevos trabajos públicos, el Gobierno pretende aliviar la carga de gastos de las empresas con medidas de flexibilización fiscal.

En concreto, el Ejecutivo ha decidido aplazar el pago del IPSI correspondiente al primer trimestre del año, cuyo vencimiento está previsto para este próximo 20 de abril, al siguiente trimestre, el 20 de julio. Aunque Vivas ya ha dejado caer que podría volver a aplazarse.

El Ejecutivo va a aprovechar la crisis para modificar el IPSI, en dos sentidos que la patronal lleva lustros demandando. Por un lado se modificará la ordenanza para asemejar el IPSI por importaciones al funcionamiento del IVA y los empresarios ya no tendrán que pagar por toda la mercancía que importen, la vendan o no, lo harán sólo por la que salga del almacén con destino al cliente y no por la que mantengan en stock también, como sucede hasta ahora. A eso se sumará una rebaja generalizada de tipos al 0,5 por ciento.

Son dos medidas largo tiempo demandadas por la patronal a las que el Gobierno a pesar de compartirlas había venido dando largas desde hace más de una década, bajo la premisa de que para acometer esta reforma había que pedir permiso al Gobierno central que sigue compensando la caída en la recaudación del IPSI y que por tanto podría ser el pagador indirecto de unas modificaciones que podrían tener como consecuencia una menor recaudación por parte de las arcas públicas.

La medida se lleva a cabo no sólo por la crisis del COVID19, sino también con intención de paliar los destrozos en el comercio que el bloque fronterizo ya venía ocasionando y se espera como objetivo final que el comercio pueda reinventarse para volver a ser muy competitivo. De entrada la posibilidad de tener stock sin el coste añadido de soportar el IPSI de una mercancía que aún no se vende podría servir para cambiar una de las señas de identidad del comercio local para mal, la escasez de oferta física de productos y el condicionamiento para su venta a los pedidos de los clientes. El típico catálogo o el típico “te lo pido y en unos 15 días está aquí” que tantas veces ha escuchado cualquier cliente. Además una rebaja en los tipos podría llevar aparejado a su vez una mayor competitividad en precio que contribuiría junto con lo anterior a ayudar a fidelizar las compras en la ciudad y evitar la fuga de millones de euros que se produce cada año al comercio peninsular.

Más allá del IPSI, Vivas ha anunciado otra moratoria para las empresas. Todos los tributos locales se podrán aplazar hasta el 5 de diciembre de este año. Sin aval si es por valor inferior a 30.000 euros y con aval para cantidades superiores.

Habrá además bonificaciones fiscales. La primera en el recibo único (agua y basura), del 20 por ciento para todo lo que resta de año desde el 1 de abril. El sector de la hostelería había planteado que se eximiera de la tasa mientras durara el parón bajo la lógica de que si no hay actividad no se genera basura y por tanto parece incongruente tener que pagar por un servicio que no se está recibiendo. Se quedarán con una bonificación del 20 por ciento.

Ese mismo sector, quería también dejar de pagar por el uso del espacio público que ha dejado de ocupar con el parón, las terrazas. Se queda con una bonificación de la tasa del 50 por ciento, pero también hasta final de año.

No con carácter urgente, pero sí a corto plazo, el presidente ha incluido como una de las medidas a desarrollar la actualización precisamente de la regulación de este sector en lo que se refiere a horarios de cierre y a la normativa de terrazas, otra demanda largo tiempo discutida sin éxito por parte de un sector que supone, como el de la construcción alrededor del 10 por ciento de la economía local, al menos en empleos.

Y fuera de su ámbito de decisión y ejecución, el Gobierno se ha comprometido a solicitarle a la Autoridad Portuaria bonificaciones similares para los negocios establecidos en sus dominios: eximir del pago de la tasa por actividad mientras dure el parón y una moratoria para el pago de ocupación por el año 2019.

6,3 millones para ayudas sociales

En el ámbito social, el Gobierno prevé aprobar la creación de un fondo extraordinario de 6,3 millones de euros para atender las situaciones de emergencia en las familias más necesitadas. El objetivo es atender “situaciones de emergencia que en estos momentos se están detectando y fortalecer de manera sustancial los recursos de ayudas sociales para entrega de alimentos, prestaciones básicas, becas de comedor y libros, ayuda domiciliaria y otras prestaciones de análoga naturaleza”, ha explicado Vivas.

Medidas a corto plazo

Con carácter no tan urgente, el presidente ha desgranado otra serie de medidas que su ejecutivo quiere llevar a cabo, entre ellas dos de las ya citadas, la rebaja al 0,5 por ciento del IPSI y la reforma de la normativa que afecta a la hostelería. Pero además ha citado la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, el actual ya no está vigente; el fomento de la digitalización de las empresas locales, planes de formación para mejorar la empleabilidad de los desempleados en sectores tecnológicos vinculados a la economía digital y la potenciación del teletrabajo en la propia administración local. Y por último un refuerzo del asesoramiento a PYMES.

Vivas ha dejado claro que estas medidas de urgencia no sustituyen al plan con más de 140 medidas que el Gobierno había puesto sobre la mesa para paliar los efectos de la crisis provocada por el bloque fronterizo, aún cuando muchas de las hoy lanzadas ya estaban incluidas en ese documento.

A Pleno

Esa movilización entre ayudas directas y rebaja o aplazamientos de impuetos de unos 70 millones de euros tendrán que recibir el visto bueno del Pleno. Vivas quiere que se haga con la mayor celeridad posible y no ha descartado que se convoque a los diputados aunque sea por videoconferencia la próxima semana, que incluye dos días festivos (aunque esa catalogación dada la actual situación haya perdido su sentido) jueves y viernes santo. Hoy es Viernes de Dolores.

Vivas ha insistido además en sacar adelante las medidas con el mayor consenso posible y afirmando convencido que en la actual conyuntura no se trata de apuntarse tantos.

Si su partido en el ámbito nacional ha criticado con dureza al Ejecutivo de Sánchez por lanzar sus medidas económicas contra la crisis sin consensuarlas con todos los actores, Vivas ha puesto de manifiesto que ha mantenido contactos diarios con los grupos políticos de la Asamblea tras cada Consejo de Gobierno, diario desde que comenzara la crisis. Aunque la afirmación habrá que cruzarla ahora con la opinión que tengan los grupos políticos sobre si ese contacto ha servido para que sus ideas hayan sido tenidas en cuenta o no, en el caso de que se les haya pedido.

Sí ha existido un contacto intenso con la patronal, referenciado incluso públicamente y por el contrario las centrales sindicales como UGT y Comisiones Obreras ya se han quejado de la nula consulta que se les ha hecho hasta la fecha.

Lo que tiene que aprobar el Pleno

A pleno para que las medidas salgan adelante, el Gobierno tendrá que someter varias cuestiones. Una operación de tesorería, la petición de créditos por valor de 30 millones para refinanciar la deuda a largo plazo de la Ciudad, de los que se pretende dejar 17,5 en función de remanente previendo un déficit importante de cara al cierre del actual ejercicio por la bajada de la recaudación que el parón económico por la crisis sanitaria va a suponer. Vivas ha adelantado que los contactos con los bancos para recibir esta financiación están siendo positivos y que a falta de conocer los detalles de la operación el crédito sería viable.

Otra de las cuestiones que someterá Vivas a la votación del Pleno será la aprobación de una modificación de créditos, en concreto y aunque después pueda trocearse en varias operaciones, se prevé cambiar el destino recogido en el presupuesto de 16,6 millones de euros: la cantidad que sumarían los 10 millones de ayudas directas a fondo perdidos a micropymes y autónomos, los 6,3 millones para ayudas sociales y los 300.000 euros destinados a la compra de material sanitario.

De dónde saldrá ese dinero, Vivas ha detallado que parte de esos 16,6 millones saldrán de la partida habilitada por el Estado para atender situaciones de emergencia, 1,6 millones de euros por un lado y otros 0,5 millones de euros para becas de comedor (2,1 millones). Otros 2,2 millones saldrían del anticipo con incremento del fondo de suficiencia que recibirá Ceuta, 2,2 millones de euros que también pagaría el Estado.

Unos 3 millones de euros más, ha explicado el presidente saldrían de la reorientación de los remanentes de fondos estructurales que maneja Procesa. Y el montante más voluminoso, 8,8 millones se dotaría con fondos procedentes de la refinanciación de la deuda a largo plazo de la Ciudad Autónoma que estaría incluida en los créditos (operaciones de tesorería) a solicitar a los bancos. Todo se completaría con otros 200.000 euros que existen de remanente actual del cierre del ejercicio anterior.

En total, con las cifras lanzadas por Vivas a vuelapluma a preguntas de los periodistas esas cantidades sumarían 16,3 millones de euros, faltarían sólo 300.000 euros de los 16,6 que ha sumado Vivas para mover en el presupuesto de 2020 de las arcas públicas.