Este miércoles es 6 de septiembre. El pasado día 1 entró en vigor el cambio en el sistema de bonificaciones a la Seguridad Social y por más promesa en Ceuta que hiciera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Ceuta ha puesto fin a casi dos décadas de funcionamiento estable de un régimen de bonificaciones que remataba el paquete de ventajas fiscales del que goza la Ciudad y que arrojaba beneficios para trabajadores y empresas. Este miércoles, el Gobierno volverá a reunir a la Mesa de Diálogo Social en la que participan empresarios y sindicatos para analizar la situación y lo hará, de nuevo, “a ciegas”, tal y como ha reconocido el portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Lo hará a ciegas porque los datos que se solicitaron en la anterior reunión a Delegación del Gobierno para conocer el impacto concreto del cambio de sistema no han llegado. Y porque a pesar de que se han pedido también al propio Ministerio de Seguridad Social tampoco se han aportado al Gobierno de al Ciudad.

Se trataba de saber exactamente eso, cuál es el impacto que tendría la medida, que afecta sólo a los nuevos contratos que se realicen de ahora en adelante. Ramírez ha desvelado que está habiendo nuevas interlocuciones entre el Ejecutivo de la Ciudad y el ministro, José Luis Escrivá (amigo personal de Vivas) para trata de arrojar luz al asunto.

El Ejecutivo acude a la cita de este miércoles con el objetivo de salir de la reunión con una posición unánime de empresarios y sindicatos junto al Gobierno, y esa pasa por reiterar la vuelta al sistema anterior.

La razón para seguir insistiendo en volver a la bonificación lineal del 50 por ciento en las cuotas de la Seguridad Social es básicamente la seguridad jurídica y evitar engorros, tal y como ha explicado Ramírez.

La medida suponía un incentivo para las empresas de nueva creación o asentamiento en la ciudad, que sabían que al día siguiente de contratar tendrían esa bonificación. Ahora no sólo es que eso haya desaparecido, es que para pedir la nueva bonificación hay que esperar un año vista, está sujeta a que haya presupuesto, en concreto a que se aprueben los Generales del Estado para 2024, y si no está clara la cosa para la investidura habrá que ver la guerra del Presupuesto, y todo ello con el embrollo burocrático que supone.

Pero hay otro factor más, en todo el asunto que tal vez el Ejecutivo empiece a palpar este miércoles. Desde que las bonificaciones se pusieron en marcha en 2004, hay un acuerdo entre empresarios y sindicatos para repercutir parte de ese ahorro en cuotas de Seguridad Social en los propios trabajadores, en concreto un 0,4 por ciento del salario base por cada 5 puntos de bonificación, lo que arrojaba un 8 por ciento sobre el salario base con la bonificación del 50 por ciento. La parte empresarial ya había venido manifestando que si cambiaban las reglas del juego no estaban por la labor de repercutir en las nóminas una bonificación que en realidad han de soportar durante un año y que a día de hoy genera más incertidumbre sobre su cobro que certezas.