La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha aclarado, después de que el Congreso ratificase la restitución durante dos ejercicios del Impuesto sobre el Patrimonio y a la espera de que el PP diga si lo volverá a eliminar o no en caso de ganar las elecciones generales del próximo 20-N, cómo se podrán beneficiar los ciudadanos de la bonificación del 75% de su cuota establecida para Ceuta y Melilla.

A través de una nota informativa, Hacienda ha explicado que esta rebaja "se practicará para aquellos sujetos pasivos con residencia en las ciudades autónomas cuando entre los bienes y derechos de contenido económico radique alguno situado o que deba ejercitarse en esas ciudades".

Igualmente, también será aplicable la bonificación cuando los sujetos, aún no siendo residentes en Ceuta y Melilla, "posean valores representativos del capital social de entidades jurídicas domiciliadas y con objeto social en dichas ciudades o cuando se trate de establecimientos permanentes situados en las mismas".

El Impuesto sobre el Patrimonio se ha restablecido "con carácter temporal" para los ejercicios 2011 y 2012, devengándose el 31 de diciembre de cada uno de estos ejercicios. De esta forma, la presentación de la declaración se realizará en 2012 y 2013 "en los mismos plazos que las correspondientes declaraciones de IRPF".

A partir del 1 de enero de 2013, desaparecerá nuevamente la obligación de contribuir, por tanto en el ejercicio 2014 ya no habrá que presentar declaración por este Impuesto.

Las principales novedades introducidas en su normativa establecen que se eleva el límite de la exención de la vivienda habitual "hasta un importe máximo de 300.000 euros" y que en el supuesto de obligación personal de contribuir, la base imponible se reducirá en 700.000 euros, "salvo que las Comunidades Autónomas establezcan otro importe". Esta reducción será aplicable también "a los sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal de contribuir y a los sujetos pasivos sometidos a obligación real de contribuir".

Los más ricos pagarán más de 6.000 euros al año

En principio sólo están obligados a declarar "los sujetos pasivos cuya cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieran, resulte a ingresar". No obstante, estarán también obligados "todos aquellos cuyo valor de bienes y derechos calculados según la normativa del mismo (y sin computar a estos efectos las cargas, gravámenes, deudas u otras obligaciones personales) resulte superior a 2 millones de euros aunque la cuota resultara negativa".

El Impuesto sobre el Patrimonio se aplica anual e individualmente sobre el patrimonio de las personas físicas. Se creó en 1978, con carácter excepcional para gravar los más altos y trece años después se le dio carácter permanente. El Gobierno socialista lo suprimió en 2008 con el argumento de que gravaba en la práctica a las clases medias y ahora se ha recuperado para que afecte "a los más ricos".

El Ejecutivo central prevé que unos 160.000 declarantes tributarán por Patrimonio y que se recaudarán unos 1.000 millones de euros. Con estas cifras, de media, los altos patrimonios abonarán 6.750 euros (sin computar la bonificación de Ceuta y Melilla) por este impuesto.