Aunque la auditoría que se realizó a la gestión del ex consejero de Gobernación, José Antonio Rodríguez Gómez, no reveló más que “irregularidades administrativas” que nunca supusieron quebranto para las arcas públicas, según el Gobierno, el área de Hacienda ha decidido tomar medidas para que el flujo de dinero público que corre por las cañerías de la Ciudad en forma de contratos menores decaiga considerablemente.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad para 2011 reducen ostensiblemente los techos máximos de desembolso por los que una adjudicación puede tramitarse desde cualquier consejería como contrato menor, es decir, eludiendo la práctica totalidad de los controles y filtros legales y administrativos establecidos. Según el mencionado documento desde el 1 de enero este tipo de operaciones no podrán realizarse de manera genérica si el gasto supera los 3.000 euros, la mitad que este año, y no podrán exceder los 6.000 (hasta ahora eran 18.000) si se trata de obras.

Estas prescripciones suponen una restricción extra con respecto a lo establecido en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en cuyo articulado se establece que los contratos menores (limitados a 18.000 y 50.000 euros, sólo para obras) podrán “adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación”. Su tramitación sólo exige “la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente”. Intervención se limita a “informar” sobre la propuesta de gasto para confirmar que existe consignación presupuestaria y efectuar una reserva de crédito. La Administración local restituye así los techos máximos de gasto que mantenía hasta hace dos años, cuando decidió elevarlos. Según ha explicado a Ceuta al Día el titular de Hacienda, Francisco Márquez, la decisión adoptada sólo responde a su deseo de “incrementar” la capacidad de fiscalización del gasto de ese “órgano central” que es Intervención.

El año próximo todos los contratos que no sean menores a ojos del Presupuesto local pero sí de la legislación vigente deberán adjuntar una memoria justificando el gasto propuesto, informe jurídico, documento de retención de crédito y un decreto del consejero. Además, el adjudicatario tendrá que acreditar que las prestaciones que le sean contratadas entran dentro de su ámbito de actividad.

Si se trata de obras de entre 6.000 y 50.000 euros deberá incorporarse al expediente, además del presupuesto y proyecto habituales, un informe de supervisión (en estos dos últimos casos, cuando lo exija la Ley).

Fraccionamiento de pagos

Los contratos más cuantiosos deberán tramitarse “a través del Negociado de Contratación de la Ciudad, del organismo autónomo o de la sociedad mercantil dependiente”, dependencias a las que cada consejero tendrá que pedir su incoación “adjuntando la documentación requerida por la legislación reguladora de la contratación administrativa”.

El consejero de Hacienda ha reconocido hoy no poder cifrar exactamente qué volumen de adjudicaciones municipales se tramitan por la vía del contrato menor, una práctica sobre la que la oposición solicitó una Comisión de Investigación Parlamentaria al objeto de saber si era o no “habitual” y si a través de ella se encubrían irregularidades como las detectadas, a juicio del propio Ejecutivo, en el proceder de Rodríguez Gómez al frente de Gobernación.

El ex consejero, cesado el pasado 6 de octubre, adjudicó más de 30 contratos, siempre calificados como menores y siempre a las mismas dos empresas, que a juicio de los auditores municipales sirvieron para “fraccionar” pagos y enmascaraban los costes de mano de obra bajo la forma de suministros.