Cuando se supo unas semanas después de su aprobación que el Real Decreto 1/2023, el primero que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez aquel año introducía cambios profundos en las bonificaciones de las cuotas patronales de la Seguridad Social corrieron ríos de tinta e indignación. Uno de los motivos es que el cambio en uno de los pilares asentados del Régimen Económico y Fiscal especial del que disfrutan Ceuta y Melilla se había hecho de forma unilateral, sin avisar ni consultar a nadie en las ciudades autónomas. El otro es que la casi totalidad de los actores económicos, sociales y políticos, consideraban que el nuevo funcionamiento que entraría en vigor en septiembre de aquel 2023 iba a suponer un daño en la afiliación y la contratación. Todo eran opiniones hasta ahora. Un informe constata que quienes pusieron el grito en el cielo llevaban razón.
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