El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, aseguró ayer, en respuesta a la polémica política por la retirada de los trabajadores de Colaboración Social que obligó al cierre del Negociado de Estadística que Inspección de Trabajo "no ha hecho ninguna advertencia sobre la gestión de la Colaboración Social”. No lo ha hecho, cierto, al menos en los últimos 14 meses. Y es que en febrero de 2015 llegaba el último de los dos informes que se elaboraron y que, precisamente, se emitía al hilo de otro similar con fecha de enero de 2013. Los dos haciendo referencia a las prestaciones de colaboración social en la Ciudad Autónoma.

Un informe que llama a la reflexión. Literalmente: “Entiendo sinceramente que todo esto necesita una reflexión”, deja escrito el inspector en las conclusiones de 2013 aludiendo a que “a su juicio” no deben cubrirse puestos vacantes de la Ciudad Autónoma con trabajadores de colaboración social y mucho menos con el mismo trabajador”. Entiende además que esta práctica es una “posibilidad legal” que tiene sus beneficios para ambas partes pero, así y todo, pide “corregir ciertas situaciones” para evitar “un fraude en la contratación o un incumplimiento en fraude de ley de la normativa de acceso a la función pública”. Evitar lo que el informe llama el “cuasi funcionario”, “que no es ni funcionario ni personal laboral”.

El informe de 2013 tuvo un añadido en 2015 ajustándolo a nueva jurisprudencia marcada por una sentencia del Tribunal Supremo en la que modificaba su criterio inicial y acepta cualquier trabajo en la Administración Pública como “de utilidad social que redunde en beneficio de la comunidad” sin que necesariamente tenga que tener carácter social. Una nueva interpretación, advierte el informe de Inspección de Trabajo no afecta a las empresas municipales. La Administración Pública, en este caso la Ciudad, obtiene así la presunción de legalidad, explica el informe, la presunción ‘iuris tantum’. “Quien crea que hay un mal uso de la Colaboración social tendrá que probarlo”, traduce el Inspector de Trabajo.

Un cambio jurisprudencial que favorece a la Ciudad pero no así los restantes que Inspección subraya, recordando que la “temporalidad debe ser ahora justificada” y “no se pueden cubrir puestos que, por naturaleza, son permanentes y estructurales”. Motivos por los que en las conclusiones, Inspección de Trabajo, renunciando a plantear sanciones, recomendaba a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo en Ceuta “una actuación inspectora al respecto” ya que, argumentaba “alguna memoria tiene indicios de incumplimientos o falta de justificación”.

Un debate, este último que plantea el informe, acerca de si son puestos estructurales, como defienden UGT y CSIF, o no, como asegura el Gobierno para el que el presidente Juan Vivas dio ayer su explicación: La línea entre los puestos estructurales y los que no lo son no es fácil de determinar más allá de que lo reservado por Ley para los funcionarios no se vulnera y en Estadística esas personas hacen labores de apoyo", zanjó.

Entre los deberes asumidos por el Gobierno de Vivas para el segundo cuatrimestre del año está el de "acotar, mediante la correspondiente resolución, los límites de la colaboración social en cuanto a naturaleza y tipología de las funciones y cometidos que, a través de la misma, pueden cubrirse".

Así lo contó Ceutaldia.com:

- La Inspección de Trabajo revisará todos los contratos de Colaboración Social de los años 2014 y 2015 (27 de febrero de 2015)

- La Ciudad y el INEM colman la paciencia de la Inspección de Trabajo con la colaboración social (12 de enero de 2013)