La judicialización de las elecciones sindicales en el Ayuntamiento pone en peligro el proceso


La judicialización de las elecciones sindicales en el Ayuntamiento pone en peligro el proceso

La decisión del sindicato UGT de acudir al Juzgado de lo Social para demandar la constitución de una sola mesa en las elecciones sindicales del Ayuntamiento podría poner en peligro el proceso electoral. La demanda contra el laudo, en contra de los acuerdos sindicales de no acudir a la Justicia ordinaria tras este tipo de arbitraje, podría conllevar fuertes retrasos en las elecciones. La cercanía de la fecha de la votación, prevista para el 22 de noviembre, complica la situación. CCOO no ha recibido todavía la notificación del Juzgado de lo Social, por lo que contar con una resolución esta misma semana, como proclama abiertamente la UGT, sería muy complicado, ya que los servicios jurídicos de Comisiones no conocen siquiera el contenido de la demanda. Además, en el sindicato dirigido por Juan Luis Aróstegui ven con malos ojos que un órgano judicial que retrasa durante meses casos más graves e importantes, como despidos, se diese tal celeridad en un asunto que no es de vital importancia.

Además, si finalmente se crean las cinco mesas, tal y como pretende UGT, debería exponerse de nuevo el censo electoral, adaptado a esa división, con lo que el proceso de elecciones debería regresar a su inicio, lo que conllevaría prácticamente un mes de retraso.

Una elecciones que para Comisiones Obreras han contado desde el principio con deficiencias, motivadas por la injerencia de los servicios jurídicos de Recursos Humanos en un proceso en el que en teoría la Administración no debe intervenir. El secretario de organización de la FSAP de CCOO, Antonio Campoamor, denuncia que incluso se llegó a echar a los sindicatos de una reunión, y tras el espacio en que los servicios jurídicos de RRHH permanecieron a solas con la Mesa electoral, ésta decidió dividirse en cinco nuevas mesas, acuerdo que rechazaba el laudo demandado por UGT, ya que no cumplía el plazo.

Según el reglamento de elecciones para representantes de los trabajadores de la Administración General del Estado, y como recoge el laudo arbitral, todas las mesas deben constituirse en la fecha marcada en el calendario, en este caso el 4 de octubre. En esa fecha tan sólo se constituyó una mesa, que no fue recurrida por ninguna de las partes.

Comisiones Obreras también quiere aclarar que si no quisiera que votase el mayor número de trabajadores posibles, como afirma UGT, no hubiesen presentado reclamaciones al censo para incluir a personas que se habían dejado fuera, lo que no hizo el otro sindicato. En cuanto a la aplicación estricta de la Ley, que indica la división de una mesa por cada 250 trabajadores en caso de no acuerdo entre los sindicatos, también se debería haber aplicado en el caso del personal laboral, que cuenta con una única mesa con más de 350 trabajadores, sin que aquí se haya presentado ninguna reclamación al respecto. UGT tampoco era en principio partidaria de la división en cinco mesas, ya que la propuesta que lleva a la Mesa, que al igual que la de CCOO y CSIF se realizó fuera de plazo, pide tan sólo dos puntos de votación, uno en el Ayuntamiento y otro en el Edificio Polifuncional.

Un proceso de elecciones que se complica cada día más y que no parece tener una solución clara a corto plazo.

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