El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda por la que se determinaba que los recortes incluidos en el Real Decreto 8/2010 no afectaban a la Indemnización por Residencia . Algo que ya incluso había adelantado el delegado del Gobierno, jugándose el bigote . Ahora, es el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, el que tras una reunión en Madrid ha intentado apuntarse el tanto sobre esta decisión.

Con el titular 'El Ministerio de Presidencia confirma la postura del Gobierno de no aplicar al plus de residencia el recorte salarial', la nota explica la reunión en Madrid entre Márquez y la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí. Según relata la nota, Márquez habría mostrado a Rumí su "preocupación" por la indemnización de residencia, y afirma que el Gobierno de la Ciudad ya había decidio no aplicar el recorte a este concepto por su carácter de indemnización y no retributivo. El consejero ceutí incluso se ha tomado la libertad de pedir al Ministerio que aplique esta misma decisión a los trabajadores de la Administración General del Estado. Al parecer Márquez había olvidado, o no se había enterado, que el BOE ya había publicado la norma sobre el Real Decreto y el plus.

Pese a todo, el consejero ha indicado que se trata de "una gran noticia porque de este modo se reduce el impacto negativo que la reducción salarial tendrá en la economía de la ciudad, y sobre todo en el consumo". 

En la reunión la secretaria de Estado ha solicitado la cooperación de la Ciudad para alcanzar los objetivos que en el ámbito de la Función Pública se ha planteado el Ministerio de Presidencia y que se materializará en una nueva ley. En este sentido, el consejero ha asegurado a Rumí que la Ciudad tendrá siempre un “espíritu colaborador”. Por último, Rumí y Márquez han conversado acerca de la posibilidad de acordar entre ambas instituciones la reducción de las cargas administrativas a las que deben hacer frente los ciudadanos. Esta cuestión sería objeto de un acuerdo formal con medidas concretas y que servirían para hacer más sencilla la relación de los ciudadanos con las administraciones. La simplificación y la eliminación de trámites serán algunos de los beneficios que podrían tener los ceutíes.  

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