Los consejeros de Economía y Hacienda del Gobierno ceutí, Guillermo Martínez y Francisco Márquez, han regresado a primera hora de este jueves de Málaga, donde por la mañana se han entrevistado con sus homólogos melillenses, con escasas novedades concretas en relación con ese conglomerado de acuerdos preliminares "para elaborar propuestas sobre modificaciones normativas y aspiraciones para asegurar una reactivación económica a medio y largo plazo y un futuro próspero para los sectores afectados por la crisis actual y las sucesivas reconversiones de la economía local".

Márquez y Martínez han seguido "avanzando" en la elaboración de todos esos puntos que esperan poder cerrar en la cumbre que acogerá Ceuta entre el 31 de marzo y el 2 de abril con el Ejecutivo de Imbroda. La concreción de las fechas de este encuentro ha sido, junto a la confirmación de que ambos gobiernos "darán tiempo" al PSOE y al Gobierno central para que analice su proyecto de Proposición de Ley para ampliar y extender las bonificaciones vigentes en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, lo más concreto que ha salido de la cita.

En relación con este último asunto el titular de Hacienda ha advertido, eso sí, de que Ceuta y Melilla esperarán "unas semanas" por lealtad institucional, pero ha insistido en que es necesario "no tardar" para que el texto pueda tramitarse en las Cortes Generales esta legislatura que termina en un año. "Vamos a seguir impulsado la iniciativa con lo que haga falta y si el PSOE decide no suscribirla la presentaremos unilateralmente", ha dejado claro.

Márquez ha explicado también que en el encuentro los consejeros de ambas ciudades han coincido en la necesidad de perseverar en su reflexión "detallada, calmada y argumentada" de una próxima modificación del IPSI, que a su juicio "adolece de serios problemas que penalizan la actividad económica". El objetivo es introducir un régimen de devoluciones "similar al del IVA" y evitar ese 'efecto cascada' que el sistema impositivo indirecto ceutí genera sobre "algunos sectores económicos" perjudicándoles.

"Hemos compartido información sobre un tema en el que Melilla tiene su propio parecer y que exigiría la modificación de la Ley del IPSI para evolucionarlo hacia algo más parecido a un IVA reducido o al IGIC canario", ha resumido antes de reconocer que se trata de un asunto "complejo" sobre el que se pedirá asesoramiento "a empresas especializadas" para retomarlo en una próxima reunión de trabajo.

Impuestos, Europa y Unión Aduanera

Martínez tampoco ha aportado grandes novedades sobre los asuntos que tocan más directamente a sus competencias. El consejero ha repetido que los equipos de Vivas e Imbroda comparten la "pretensión legítima" de la patronal de "esclarecer" cómo interpretar el 'ciclo mercantil completo' que les permite beneficiarse de diferentes bonificaciones. A tal efecto ha explicado que ya se cuenta con un texto "claro" para lograrlo.

El consejero de Economía y Empleo ha señalado que también se ha tratado la posibilidad, incluida en el borrador de nuevo REF que la Ciudad lleva más de un año negociando con el Estado, de elevar al 75% las deducciones vigentes en el Impuesto de Sociedades y la conveniencia de "extrapolar" a este tributo el sistema del IRPF que permite a las personas físicas deducir el 50% de las rentas obtenidas fuera de Ceuta hasta el límite de las obtenidas en la ciudad.

"Sería interesante y coherente no sólo por su impacto económica en forma de mayor renta disponible la elevación de estas y otras deducciones y bonificaciones fiscales, sino también para incentivar el arraigo de la población", ha subrayado Martínez.

En relación con la Unión Europea el consejero ha dicho que en la cumbre de marzo se firmará un convenio que concrete "cómo será la representación conjunta de las dos ciudades en Bruselas" y los objetivos concretos que se perseguirán.

La posible entrada de las dos ciudades en la Unión Aduanera tampoco ha avanzado a la espera de que los agentes sociales ceutíes se definan. Martínez ha repetido que esa posibilidad, por la que apuesta el Gobierno de Vivas, debe someterse a cuatro condiciones: "Que tenga el más amplio consenso político, económico y social; que respete el REF; que incluya incentivos, opciones específicas y ayudas como se hizo con Canarias; y que prevea un periodo transitorio para hacer frente al nuevo arancel comunitario", ha enumerado. Obviamente, "también debe tener el apoyo del Gobierno de la Nación", ha completado.

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