Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) denuncian que desde la adjudicataria de la Inspección Técnica de Vehículos se incumple el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente la Orden del Ministerio de Sanidad referente a la caducidad de las inspecciones, (Orden SND/413/2020, de 15 de mayo), "provocando un grave perjuicio a los y las ceutíes, a lo que se une los precios más caros de España". Por ello, el MDyC exige la apertura de un expediente a la concesionaria para que se proceda a devolver a los ceutíes las ITV que se les ha obligado realizar saltándose las normas adoptadas por nuestra justicia.

Para el MDyC, a pesar de que el Tribunal Supremo anula la orden en octubre de 2020 sobre la reducción del plazo de validez, la concesionaria de la ITV en nuestra ciudad, "con el beneplácito del Desgobierno del Sr. Vivas", ha continuado "imponiendo la fecha que ha querido, incumplido el auto de nuestra justicia y exige a los ceutíes la revisión del vehículo desde la fecha de la anterior inspección y no desde el día que la han pasado".

"En el MDyC entendemos que, como manifestaba el Defensor de El Pueblo, desde el punto de vista de los bienes e intereses que la ITV protege, (la seguridad y el medio ambiente) carece de sentido acortar artificialmente la vida de la última ITV obligando al propietario del vehículo a realizar dos inspecciones seguidas en un corto lapso de tiempo que, en los casos más extremos (como el de los vehículos sujetos a inspección semestral) puede ser solo de unos pocos días. Ello evidentemente genera un coste y una carga administrativa para los propietarios de los vehículos afectados sin que esa Administración haya puesto de manifiesto que concurran razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las ITV.”

Por ello, el alto tribunal suspendió en octubre del año pasado esa disposición gubernamental, pero la adjudicataria ha seguido exigiendo a los ceutíes pasar la ITV "cuando han querido y no cuando dice la justicia", provocando un grave perjuicio a la ciudadanía, y en particular a los vehículos que se ven obligados a pasar la ITV cada seis meses.