Las compañías de transporte deberán renunciar desde el 1 de marzo a las "estrategias de venta" que implican preguntar al inicio del principio de compra al viajero si disfruta o no de bonificación por ser residente en territorios extrapeninsulares y, de esa forma, acabar camuflando con el descuento público estatal del 75% incrementos de precios con respecto a los que pagarían el resto de los mortales.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 establece que, “con independencia del medio utilizado para la comercialización de los billetes en los trayectos bonificados”, no se solicitará al pasajero información sobre su condición de residente “hasta la fase final del proceso de compra, justo antes de que, en el caso de residencia en los territorios no peninsulares, deba procederse a verificar el cumplimiento de dicho requisito para realizar el pago y emitir el billete”.

Actualmente muchas compañías solicitan inmediatamente después de elegir el trayecto que se quiere realizar y la fecha deseada que el comprador diga si es o no residente con derecho a bonificación.

Para cambiar ese procedimiento las compañías marítimas y aéreas, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes susceptibles de ser subvencionados, disponen de un plazo de “dos meses” desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del ejercicio en curso.