La patronal del sector de limpieza pública viaria, que aglutina a más de medio millar de trabajadores, según estiman los propios sindicatos, no da por "rotas" las negociaciones para un nuevo Convenio Colectivo, como la parte social, que este lunes ha anunciado una huelga entre Semana Santa y las elecciones autonómicas de mayo, pero no ve asumibles reivindicaciones como dar cobetura sanitaria privada a la plantilla si no hay más "respaldo" de la Administración para la que presta los servicios, según han advertido fuentes del grupo empresarial que aglutina a la UTE Trace, Urbaser, ACC y Talher.

La de concertar cobertura sanitaria privada es, también según los sindicatos, su exigencia de mayor cuantía económica. En la "posición de partida" planteada por el Comité de Empresa que preside el ugetista Francisco Mur (UGT) también se incluye una subida salarial del IPC más un 1% en un Convenio Colectivo cuya vigencia se extendería con efectos retroactivos al pasado 1 de enero y durante tres años, casi hasta el final del contrato de Trace, que estaba en vías (paralizadas) de resolución de mutuo acuerdo.

La patronal ha transmitido a los sindicatos la conveniencia de esperar al resultado de las elecciones autonómicas de mayo para negociar, ya que considera que no hay urgencias teniento "todo 2019" por delante para llelgar a un acuerdo.

Entre las peticiones de los sindicatos también se cuentan otros planteamientos de importe económico "reducido" teniendo en cuenta el montante económico que mueven los contratos del sector, muy superior a 20 millones de euros anuales, como elevar las ayudas escolares o para hijos con discapacidad.

Igualmente se pide elevar sensiblemente (alrededor de un 15% del suelo base) las remuneraciones del personal de oficina que no accede a los pluses que sí pueden cobrar sus compañeros (en Trace apenas es un 1% del total de trabajadores) y subir un 30% la cuantía del plus de nocturnidad, que se considera "desfasado" por debajo de 200 euros mensuales por trabajar "todos los días" en ese horario.

Finalmente se plantea blindar el acceso al premio de jubilación y revisar las condiciones en las que se regula el derecho a las vacaciones para que no puedan generarse periodos muy cortos o demasiado largos (hasta 18 meses) entre dos periodos de descanso.