El Pleno de la Asamblea ha vivido este jueves un intenso debate durante la sesión de control de abril a raíz de la interpelación presentada por la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, sobre las medidas adoptadas para lograr que el plus de residencia sea reconocido por ley en el sector privado.
Ferreras ha acusado al Gobierno local de actuar con “doble rasero” en el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal (REF), mostrando —según su intervención— una defensa activa de las demandas empresariales, pero una actitud mucho más tibia cuando se trata de derechos laborales. En este sentido, ha subrayado que el plus de residencia en el sector privado “no está blindado”, lo que permite que cada vez más empresas dejen de abonarlo.
La diputada ha recordado que su grupo impulsó en 2024 iniciativas para incluir este complemento en el Estatuto de los Trabajadores y evitar que fuese absorbido por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sobre este último punto, ha valorado el reciente anuncio del Gobierno central para corregir esta situación, aunque ha advertido que espera que “no se quede en un mero anuncio”.
Durante su intervención, Ferreras ha sido especialmente crítica con la posición de la Confederación de Empresarios, contraria a esta medida, y ha lanzado una pregunta directa al Ejecutivo local: “¿Están con los empresarios o con los trabajadores?”. A su juicio, la falta de avances evidencia una falta de compromiso real con los empleados del sector privado, especialmente aquellos en condiciones más precarias.
Por su parte, la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha rechazado de plano las acusaciones y ha defendido que el Gobierno trabaja “por el interés general de los ciudadanos de Ceuta”. En su respuesta, ha insistido en que el Ejecutivo sí apoya la inclusión del plus de residencia en el Estatuto de los Trabajadores, reiterando un “sí claro y rotundo” a esta medida.
No obstante, Chandiramani ha explicado que el principal obstáculo radica en la falta de consenso en la mesa de diálogo social, donde participan empresarios y sindicatos. Según ha detallado, se han celebrado varias reuniones sin lograr un acuerdo que permita implementar el complemento sin generar un impacto negativo en el tejido empresarial, compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas y autónomos.
La consejera ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio que garantice tanto los derechos laborales como la viabilidad económica, advirtiendo de que una aplicación sin consenso podría suponer “costes inasumibles” para muchas empresas locales.
En su turno de réplica, Ferreras ha insistido en que el Gobierno no ha llevado a cabo acciones concretas más allá de trasladar el debate, acusándolo de “situarse de perfil” y de priorizar los intereses empresariales. Asimismo, ha negado que su formación esté en contra de las bonificaciones a la Seguridad Social, matizando que lo que defienden es que estas estén sujetas a condiciones.
El debate ha concluido sin avances concretos, pero evidenciando una clara división política sobre cómo abordar el reconocimiento del plus de residencia en el sector privado: intervención legislativa directa frente a consenso en el diálogo social.
