Procesa mantendrá abierto desde este martes y hasta el 30 de septiembre el plazo de presentación de solicitudes a través de un procedimiento 100% electrónico para que pymes y autónomos pidan beneficiarse de los 13,8 millones de euros transferidos por el Estado a la Ciudad Autónoma para conceder ayudas directas para el apoyo a la solvencia y la reducción del endeudamiento privado.

Los beneficiarios deberán destinarlas a pagar deuda y a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a costes fijos devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 que procedan de contratos anteriores a 13 de marzo de 2021 y se encuentren pendientes de abono. La ayuda a percibir siempre estará limitada por el importe de la deuda viva que se vaya a satisfacer con la misma.

La Consejería de Hacienda que dirige Kissy Chandiramani negoció durante meses con el Ministerio la adaptación de los criterios establecidos inicialmente para determinar la condición de beneficiario y para el cálculo de las ayudas, ya que los escogidos para comparar la evolución en 2020 respecto a 2019 no eran aplicables a la ciudad, al estar referidos al volumen de operaciones determinado por el IVA.

Las bases elaboradas por la Ciudad y publicadas en el BOCCE buscan "ampliar al máximo posible el número de beneficiarios y la cuantía de las ayudas". En caso de periodo de actividad inferior al año durante 2019 ó 2020, se establecen criterios de proporcionalidad y se aceptan bases imponibles negativas en 2019, atendida la situación derivada del cierre comercial adoptado por Marruecos en dicho año. También se amplían las actividades contempladas a todas las del CNAE-09 salvo las expresamente excluidas "en atención a la doble crisis derivada de la pandemia y la situación de la frontera".

Con carácter general, para ser beneficiario habrá que tener una caída de la actividad superior al 30% en 2020 respecto a 2019, salvo en el caso de empresarios o profesionales en régimen de estimación objetiva en el IRPF (módulos), que no tienen que justificar la caída, y tienen una ayuda máxima de 3.000 euros.

Para el resto (contribuyentes IRPF en estimación directa y contribuyentes del impuesto de sociedades), el cálculo de la ayuda es el siguiente: las empresas de hasta 10 trabajadores, el 40% de la caída de los ingresos que supere el 30%, con un mínimo de 4.000 y un máximo de 200.000 euros; las que tengan más plantilla, el 20% de la caída de los ingresos que supere el 30%, con un mínimo de 4.000 y un máximo de 200.000 euros.