El cierre repentino del Negociado de Estadística por falta de personal tras reubicar a los trabajadores de Colaboración Social es, a juicio del PSOE, la “enésima chapuza” del Gobierno por lo que hoy ha anunciado que se suma a la denuncia sindical de UGT y CSIF que trasladaron el caso a la Fiscalía por presunta vulneración de la Ley de Protección de Datos y usurpación. Así lo cree el secretario de Política Autonómica del PSOE, de Ceuta, Gonzalo Sanz, que ha manifestado en nota de prensa que "el cierre de unas instalaciones tan sensibles como las del Registro del Palacio Autonómico sólo puede achacarse al caos con el que el Ejecutivo de Vivas gestiona a una plantilla que lleva años pagando los platos rotos de las nefastas políticas del PP en el Ayuntamiento".

Para los socialistas, la inclusión de personal de colaboración social en funciones que conllevan manejo de datos protegidos, "no sólo pone en riesgo a los propios trabajadores que tratan con información privada sin autorización para ello sino que, además, puede constituir una usurpación de funciones a la autoridad pública que sólo puede perjudicar a trabajadores, funcionarios y a la propia imagen del Ayuntamiento".

Sanz quiere apoyar las denuncias sindicales que señalan que muchos de los casi 600 puestos de colaboración social del Ayuntamiento, sumados a los efectivos del Plan de Empleo, realizan labores que son estructurales de los empleados públicos de la casa. Para el socialista "cada mes cae un trozo de función pública del lado de la maquinaria que el PP está creando a través de una plantilla paralela que confecciona a su antojo machacando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

El responsable del área de Política Autonómica entiende que "cada trabajador tiene su perfil y funciones delimitados y desarrollados por el ordenamiento jurídico. Vivas no puede manejar a los trabajadores como si fueran figuritas de un Belén colocándolas donde le venga en gana". Por último, Sanz exige "una solución inminente que suponga el comienzo inmediato de la atención al público en el Registro y que devuelva la seguridad jurídica a todos los trabajadores que se han visto afectados por la irresponsable gestión del Ejecutivo de Vivas".