Servicios Tributarios no avanzará en ninguna reforma de la normativa del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana hasta que el Estado no tome posición sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que estima que, tal y como está configurado actualmente, no grava ganancias obtenidas por la revalorización real de un inmueble sino una plusvalía teórica.

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado sendas propuestas del PSOE y de Ciudadanos para que la Ciudad hiciese las modificaciones oportunas para adaptar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a una sentencia reciente del Tribunal Constitucional y pusiese en marcha mecanismos para “garantizar la devolución a los contribuyentes de las plusvalías municipales abonadas durante los últimos cuatro años”, respectivamente.

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha recordado a José María Mas y a Javier Varga que “la prelación de fuerzas en el ámbito civil no nos permite modificar la Ley de Bases de Régimen Local o establecer cómo se calculan las plusvalías o minusvalías inmobiliarias, que en este último caso son muy pocas en Ceuta”, ha subrayado la miembro del Ejecutivo local.

En ese contexto, Chandiramani ha dejado claro que “no nos vamos a adelantar a lo que debe hacer el Estado diciendo cómo hay que proceder a la luz de lo dictaminado por el Tribunal Constitucional porque corremos el riesgo de generar inseguridad jurídica”. “Lo prudente”, ha argumentado la consejera, “es esperar a que se nos diga cómo debe acreditar el ciudadano que se ha producido una minusvalía”.

El Grupo Socialista ha lamentado la postura del Gobierno y ha defendido que lo procedente sería que Servicios Técnicos iniciase la aprobación de “las modificaciones oportunas” para adaptar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, por el que el Gobierno local espera ingresar este año 450.000 euros, con el fin de “garantizar su seguridad jurídica y en aras de la suficiencia financiera de la institución”.

Varga ha abogado también sin éxito porque la Administración dé un paso adelante para “poner en marcha mecanismos de apoyo que faciliten a los contribuyentes que tuvieron que pagar el impuesto de plusvalía a pesar de registrar pérdidas” la “reclamación y reintegro de lo indebidamente percibido” por las arcas municipales.

“Debemos ser sensibles a la situación que se ha planteado con esta sentencia y a la más que previsible reforma del impuesto evitando a los ciudadanos afectados el previsible calvario burocrático por el que tendrán que pasar para obtener la devolución de lo que en justicia les corresponde”, ha planteado la formación naranja.