En las conclusiones del dictamen 1/2007 del CES se recomienda a la Ciudad:

1.Mantener, con carácter general, como criterio para la revisión anual de las tarifas de autobús, el del incremento del I.P.C., por ser éste un dato objetivo, imparcial, de conocimiento inmediato al finalizar el periodo de contraste y de aplicación directa, aunque con la posibilidad de introducir un factor de corrección que permita, a la hora de fijar el precio final, mantener el equilibrio económico financiero de la concesión y compaginar la operatividad de la empresa aplicando, tanto al alza como a la baja, el redondeo comercial.

2.Que la Administración estudie la posibilidad de equiparar el IPSI aplicado a los autobuses con el aplicado al gremio del taxi, puesto que ambos son servicios públicos sujetos a concesión.

3.Que la Administración analice la posibilidad de que la compañía de autobuses pueda beneficiarse de las subvenciones para la inversión en renovación de flota.

De esta forma el CES, devuelve la "pelota" al tejado del Gobierno de la Ciudad, el cual es el único organismo que puede modificar los precios públicos, tasas, etc. 

No obstante, en años anteriores la Ciudad decidió aumentar el precio del billete ordinario del autobús por encima del IPC, desoyendo las recomendaciones del Consejo Económico y Social y haciendo caso omiso al acuerdo plenario del 20 de Diciembre de 2005.