Hace diez días, cuando comparecieron ante los medios para dar su visión sobre el balance del presidente Vivas sobre la gestión de su Gobierno en 2010, los líderes de la coalición Caballas denunciaron economía creativa que aplica el Ejecutivo ceutí del PP para maquillar sus cuentas a partir del siguiente mantra: "Suben los ingresos ordinarios de manera ficticia, quitan los créditos de las sociedades mercantiles y así cuadran el Presupuesto y dicen que el endeudamiento no aumenta, pero es mentira", advirtieron Ali y Aróstegui.

Si es verdad, no es una política nueva. O al menos no del todo. El ‘Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004’, aprobado ya por el Tribunal de Cuentas (TCU) y sometido ahora al trámite de alegaciones, alerta de que hace casi diez años ya se hacía algo parecido.

Y es que Emvicesa en 2001 ya no se endeudaba sólo para construir viviendas. "Un préstamo de 24 millones de euros formalizado en 2001 por encargo del Gobierno de la Ciudad y con la autorización previa de su Asamblea cuya finalidad era financiar el plan de inversiones de la Ciudad en el trienio 2001-2003 sirvió para utilizar a la sociedad mercantil como instrumento para situar este pasivo financiero al margen de las cuentas de la Administración Autonómica", denuncia literalmente el texto.

Al cierre del ejercicio 2004, cuando concluye el periodo fiscalizado, ese crédito suponía la parte del león de las deudas de la sociedad municipal, que ascendían a 28 millones de euros, más de la mitad de los 48 que debían en esa misma fecha todas las empresas públicas de la Ciudad.

La empresa formalizó el préstamo conn la Caixa y Dexia Banco Local S.A. el 25 de julio de 2001 previo aval Plenario con vencimiento en 2.013, un periodo de carencia de 2 años, un tipo de interés del euribor anual 0,35% y una amortización anual lineal en diez años, con inicio en julio de 2003.

A lo largo de 2002 y 2003 transfirió los recursos del crédito a la Administración de la Ciudad con partidas que registró como 'Convenio Plan de Inversiones Ciudad', reconociendo al cierre de cada año "unas cuentas a cobrar frente a la Administración de la Ciudad, en la cuenta 44000013 'Ciudad. Crédito 4.000 millones pts', por 9.380 miles de euros en 2002, 9.095 miles de euros en 2003 y 5.565 miles de euros en 2004, determinadas por la diferencia entre las transferencias realizadas a la Administración Autonómica y los ingresos obtenidos en la gestión del patrimonio inmobiliario transferido por el Estado".

Los gastos por intereses devengados y satisfechos por EMVICESA derivados de esta operación entre 2002 y 2004 superaron los ¡4 millones de euros. "El elevado volumen de estos gastos financieros, junto con el comienzo en 2004 de la amortización del principal del crédito", refleja el Tribunal, "pusieron de manifiesto la incapacidad financiera de la sociedad autonómica para hacer frente a estas obligaciones, lo que motivó que se solicitara a las entidades prestamistas la novación del crédito, aumentando en dos años el periodo de carencia, fijándose la amortización a través de diez pagos anuales iguales, con primer vencimiento el 25 de julio de 2006".

Tras esta singular operación en el ejercicio 2004 se modificó el régimen fijado en 1997 para la gestión de los recursos generados por el patrimonio inmobiliario transferido por el Estado, estableciéndose que "los rendimientos derivados de la gestión y administración de los bienes procedentes del citado patrimonio, pasarán a ser titularidad de la Ciudad Autónoma, y no de EMVICESA".

Finalmente, como hecho posterior al periodo fiscalizado, en junio de 2005 la Asamblea de la Ciudad acordó incluir a partir de 2006 y durante los siguientes presupuestos generales "una partida en el capítulo de transferencias corrientes a favor de EMVICESA, destinada a la cobertura de sus gastos de explotación, que incluyera la totalidad de los gastos y obligaciones en que incurra la empresa derivados del crédito sindicado".

Transferencias "sobrevaloradas"

No es la única irregularidad detectada en esta sociedad municipal, en la que en los primeros años de Vivas en la Presidencia de la Ciudad faltan contratos de alta dirección y aparecen cuentas sin firmar por el Consejo de Administración, testimonia el TCU. También aparecen transferencias millonarias "sobrevaloradas" de la Administración local en dirección a la empresa municipal.

"En el ejercicio 2004 la Administración de la Ciudad ha reconocido obligaciones en un montante de 3,7 millones de euros, en concepto de transferencias de capital a favor de la empresa pública EMVICESA para la financiación de inversiones a realizar, principalmente, en la urbanización del PERI Huerta Téllez y en la parcela del antiguo poblado legionario en la Barriada del Príncipe Alfonso", contextualiza el Tribunal.

"En la fiscalización se ha comprobado que, por un lado, estas transferencias no estaban programadas en el plan de inversión y financiación de la Ciudad para los ejercicios 2004 a 2007, y por otro lado, que al cierre del ejercicio 2004, la sociedad EMVICESA no había iniciado las obras de las promociones, las cuales comenzaron en el ejercicio 2006, por lo que debe concluirse que la Administración de la Ciudad no debió reconocer ningún gasto para estas actuaciones en el ejercicio 2004, de acuerdo con el criterio contable establecido por los principios contables públicos", termina el Tribunal.

Las sociedades municipales, en la picota

Las sociedades municipales, no sólo Emvicesa, son uno de los puntos del entramado de la Ciudad que más recelos causa al Tribunal, que en otro dictamen que también acaba de ser aprobado subraya que “la recurrente situación deficitaria de los resultados generados por la casi totalidad de las sociedades mercantiles de la Ciudad aconseja una revisión y análisis sobre la oportunidad del mantenimiento de estas inversiones de acuerdo con criterios de eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos”.

En el del periodo 2002-2004 resalta que "las carencias y debilidades puestas de manifiesto en la gestión de los gastos de personal, de la actividad subvencionadora y de los ingresos tributarios por la Administración de la Ciudad, sus Organismos autónomos y Empresas públicas deben superarse mediante una evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados por las diferentes unidades gestoras que conduzca, por una parte, al cumplimiento riguroso de la normativa que regula estas materias y, por otra, a la mejora del control interno en estas áreas de actividad de las entidades de la Ciudad Autónoma".

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