Este lunes, como vienen haciendo desde hace tres semanas, alrededor de medio centenar de trabajadores y trabajadoras transfronterizas se han concentrado ante la Delegación de Gobierno para reclamar una solución que les permita regularizar su situación en Ceuta. Y solo en Ceuta. Ellos no quieren cruzar a la Península, tienen trabajo en la ciudad autónoma y solo piden tener derecho a poder regresar eventualmente a su país para ver a sus familias y poder regresar a su trabajo en Ceuta, como hacían antes.

“Llevamos un año y medio sin poder ir a nuestras casas, sin poder abrazar a nuestros hijos y hermanos, sin poder ayudar a nuestros mayores, y sin poder ser parte de algo tan relevante y necesario como nuestra familia”, explica Rachida Jraifi, que ejerce de portavoz. “Un año y medio en el que nadie se hace cargo de nosotros, de nuestra situación, nadie nos menciona en sus proyectos, nadie se interesa por nosotros y nadie nos ayuda. De hecho, de no haber sido por la solidaridad de las personas com las que trabajamos, muchos de nosotros estaríamos viviendo en la calle. Sin estas personas que nos han acogido en sus casas y nos han abierto las puertas de sus casas seriamos seres invisibles”.

Rachida matiza, cuando reclaman ayuda no lo hacen en un sentido económico: “No es eso lo que estamos buscando, tenemos trabajos estables desde hace muchos años, ni pedimos ayuda económica sino una ayuda lógica, una ayuda que pediría cualquiera en nuestra situación que las autoridades de Ceuta nos ayuden de alguna manera a resolver los trámites burocráticos que nos impiden tener algún tipo de derecho en la ciudad o simplemente formar parte del padrón, com trabajadores que estaos dados de alta en la Seguridad Social. No podemos entrar en Marruecos, no podemos salir de la ciudad, no tenemos derechos que nos amparen y muchos de nosotros ya no tenemos ni pasaporte”.

Su problema reside en el punto de intersección entre la burocracia y la realidad. El pasado 21 de diciembre acabó el plazo para solicitar la renovación de los permisos de los trabajadores transfronterizos que caducaron durante el estado de alarma. Aquellos que no pudieron hacerlo se enfrentan a un imposible para volver a tramitar de inicio en lugar de como renovación sus permisos para trabajar en territorio español, ya que se exigen documentos penales o de residencia en la provincia de Tetuán cuyo trámite es presencial.

En la situación de los trabajadores transfronterizos entran en juego dos estamentos de la Administración, la Seguridad Social y Extranjería. En el contexto actual, la mayor complicación a la que se pueden enfrentar los perjudicados es, en el peor de los casos, más burocracia para volver a tramitar de inicio en lugar de como renovación sus permisos para trabajar en territorio español, ya que se exigen documentos penales o de residencia en la provincia de Tetuán actualmente imposibles de presentar salvo que se remitan por correo o se envíen a nuestra ciudad de alguna otra manera para poder cumplir con esa renovación laboral.

“Estamos atrapados”, sume Rachida, “no queremos ni podemos perder nuestro trabajo pero tampoco podemos vivir así. Somos conscientes de la connotación negativa que tiene la palabra transfronterizo, las sufrimos y sabemos que nos cierra muchas puertas. Pedimos que las Ciuda se ponga en nuestro lugar y revise el acuerdo que supuestamente veo a por nosotros, nuestra situación es insostenibles. Madre y padres que tienen hijos pequeños co los que no pueden estar, es terrible”. Es el caso de Hamed, Aisha y Mohksin, por poner solo tres ejemplos de las decenas de dramas personales que se entrecruzan en este problema. Mohamed es cocinero del Mentidero, un conocido bar de tapas de Ceuta. Durante la pandemia nació su primera hija, a la que no ha podido tener en sus brazos todavía. A Aisha se le murió su padre y una tía durante la pandemia y a Mohksin se le saltan las lágrimas explicando que su hijo pequeño solo llora cuando habla con él por teléfono porque ya no se acuerda de su padre, al que apenas ha visto desde que nació.

“Siempre vivo con el temor de si les pasara a algo a mi familia, ¿qué voy a hacer?, pregunta Hassan, que subraya la paradoja de que son trabajadores extranjeros en regla, pero sin derechos. Si la gente que ha entrado en una avalancha ya han solucionado su problema , ya han llevado a muchos a la Península, y nosotros, que cotizamos, no tenemos ni derechos, no podemos hacer las declaración dela renta, te llevo de tu dinero pero no puedes hacer cuentas conmigo y no nos dejan salir de la zona fronteriza. Hasta el 13 de marzo de 2020, fecha en la que Marruecos cerró la frontera del Tarajal ante el avance de la pandemia de Covid-19, Hassan, técnico de Rólex de joyerías Chocrón, era un trabajador transfronterizo. Cotizando a la Seguridad Social desde hace 30 años, Hassan tenía su vida repartida a ambos lados de la frontera. En Tetuán, su familia. En Ceuta, su contrato de trabajo. Pero desde hace ya más de un año y medio no ve a su familia, su condición de transfronterizo carece de sentido con la frontera cerrada. “Mi pregunta es ¿Somos legales o ilegales?”, interroga desesperado.

Una sangría que ha dejado al otro lado de la frontera a miles de familias sin su único sueldo y a otras tantas varadas en Ceuta. “Solo pedimos que nos ayudéis a dejar de ser invisibles, que nos ayudáis a vivir como personas normales”