El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto 32 sanciones graves y muy graves al sector, algunas superan los 33 millones de euros; el MDyC ha salido para denunciar el caso de una de ellas por "permitir el acceso al juego a personas vetadas" entre otras infracciones
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto más de 33 millones de euros en sanciones a 32 operadores de juego ‘online’, de los cuales 26 corresponden a infracciones graves y afectan a compañías que operan legalmente en España. Entre ellas figuran al menos tres empresas radicadas en Ceuta, integradas en el ecosistema digital de la ciudad gracias al régimen fiscal especial.
Las sanciones, dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), incluyen multas por incumplimientos técnicos, problemas en los sistemas de comunicación, vulneraciones en materia de juego responsable o el uso de software no homologado.
Ceuta, presente en la nueva tanda de sanciones
Entre los operadores multados por infracciones graves se encuentran varias compañías radicadas en Ceuta, cuyas resoluciones aparecen en el listado oficial de la DGOJ. Una de las sanciones más elevadas en este grupo es la impuesta a Electraworks Ceuta, que deberá pagar 512.000 euros por tres infracciones: permitir el acceso al juego a personas inscritas como no autorizadas, utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados, e incumplir requisitos técnicos relativos al software y los sistemas de comunicación.
También figuran otros operadores sancionados con implantación en territorio nacional. Entre ellas se encuentran 888 Online, que tendrá que abonar 250.000 euros; Beatya Online con 300.000 euros y Betfair, sancionada con 100.000 euros por no cumplir las obligaciones en materia de juego responsable y protección de los jugadores. Codere también ha sido multada con 17.500 euros por incumplimientos similares en sus sistemas técnicos.
De acuerdo con la información publicada por la DGOJ, las sanciones graves en esta tanda ascienden en total a tres millones y medio de euros.
Por su parte, los seis operadores que han incurrido en infracciones muy graves —XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge— acumulan 30 millones de euros en sanciones y el correspondiente bloqueo de su actividad en España.
Reacción del MDyC: piden acelerar el Plan de Prevención
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha señalado el impacto local de esta noticia al recordar que una de las sanciones afecta directamente a una empresa asentada en la ciudad. Según explicó la formación, “una empresa de juego online instalada en Ceuta ha sido multada con 512.000 euros por distintas cuestiones relacionadas con el sector entre las que destacan el hecho de ‘permitir el acceso al juego a personas vetadas’”, en referencia al caso más evidente, Electraworks Ceuta.
Los localistas reprochan que “el nombre de Ceuta haya vuelto a salir en el panorama del juego online a nivel nacional y no precisamente por la creación de empleo” y recuerdan que en el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad de 2024 propusieron un Plan de Prevención Contra el Juego Patológico, aún sin desarrollar.
El partido también critica lo que consideran una falta de equilibrio en la estrategia institucional: “afean al Ejecutivo local la ‘promoción indiscriminada’ que hacen del juego online en Ceuta sin poner el foco en priorizar la política de prevención”.
Para el MDyC, se trata de “un asunto de salud pública” y afirman que sanciones como estas “ponen en jaque la apuesta que hace el Ejecutivo local por el juego online en Ceuta”. Por ello, instan a la administración: “exigen tanto a la Consejería de Hacienda como a la Consejería de Sanidad que ambas áreas trabajen conjuntamente para que el Plan de Prevención Contra el Juego Patológico ‘no llegue demasiado tarde’”.
Un sector asentado que encara nuevos retos
La ciudad ha consolidado en los últimos años un ecosistema digital vinculado a los juegos y apuestas online, con compañías que operan desde Ceuta bajo supervisión estatal. La publicación de estas sanciones —exigida legalmente para infracciones graves y muy graves— vuelve a situar el foco en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y prevención, tanto desde las administraciones nacionales como desde las locales.
Mientras el Ministerio subraya que continuará con las inspecciones y la publicación periódica de infracciones, el debate sobre la convivencia entre el impulso económico del sector y la protección de los consumidores vuelve a tomar fuerza en el ámbito local.
