La Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta ha pedido este viernes formalmente y por escrito al director general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), Diego Fernández, el "cese inmediato" del director provincial en la ciudad, Juan Bosco de Alba, tras dos semanas esperando en vano alguna explicación, a ser posible convincente, sobre la contratación como interina de su esposa en el IES Abyla para cubrir una vacante a tiempo completo de una especialidad que no había solicitado su director, sin carga lectiva, sin que la UPE conociese el supuesto programa que sostenía la incorporación y sin el informe preceptivo de la Inspección. "Es una necesidad más que urgente devolver a la Dirección Provincial a la normalidad", reivindican.

El presidente del órgano de representación, que ha aguantado edurante quince días el clamor indignado del profesorado apelando a la "presunción de inocencia", Francisco Lobato (FeSP-UGT), ha repetido en rueda de prensa el relato de lo que los sindicatos consideran "hechos probados" que "no han sido desmentidos en ningún momento".

Hasta el 15 de octubre, cuando se conoció la dimisión del jefe de la Inspección Educativa en Ceuta, se ha remontado el ugetista para contextualizar el "estupor" y la "indignación" despertada entre maestros y profesores por las 2,5 vacantes extra asignadas al IES Abyla al margen de los procedimientos seguidos hasta entonces con decenas de vacantes y en un marco "de falta de profesorado, déficits en las plantillas y sin interinos de muchas especialidades".

La Junta se tomó las primeras informaciones con "incredulidad" y "estupefacción", por lo que optó por la "prudencia" y se puso "a investigar". Entonces certificó que el director del instituto no había solicitado esas incorporaciones, que no tenían carga lectiva, que De Alba apeló a un programa relacionado con la pandemia del que la UPE no tenía ni idea, que no había ni rastro de documentación que lo avalase ni tampoco informe técnico "preceptivo" para incorporar personal sin horas de clase.

"Pedimos explicaciones y no hemos recibido ninguna, pero tras quince días de prudencia y a pesar de que los compañeros nos pedían una reacción más enérgica, después de que la delegada del Gobierno nos haya dicho que el tema está en manos del Ministerio y de un expediente informativo abierto, no podemos aguantar más", ha resumido Lobato, que también ha mencionado que la asignación de carga lectiva a los dos puestos objeto de controversia hace sospechar que se está intentando "ir quitando irregularidades".

Los sindicatos (FeSP-UGT, FECCOO, CSIF y ANPE) han exigido a los Servicios Centrales del Ministerio el "cese inmediato" de De Alba o, si se retrasa la resolución del expediente abierto, con posibles responsabilidades administrativas al margen de las políticas, que se adopten "medidas cautelares" para no alargar la ofensa a un profesorado "que está realizando un esfuerzo impagable para desarrollar el curso con la mayor normalidad posible".