El Área de Menores del Gobierno de Ceuta no cree que deba variar sus procedimientos a la hora de gestionar la suspensión de tutela y la solicitud de autorizaciones de residencia para los niños extranjeros desamparados que quedan bajo su tutela, un 40 por ciento de los cuales terminan fugándose y desapareciendo, según fuentes de la Administración local.

"Los menores extranjeros no acompañados (MENA) se caracterizan fundamentalmente por su movilidad", alega el Área en respuesta a las críticas que esta semana ha incluido en su 'Informe 2013' el Defensor del Pueblo, que literalmente ha reseñado que en Ceuta "se sigue detectando la incorrecta tramitación de la documentación de los menores por lo que se refiere al plazo de nueve meses para solicitar las autorizaciones de residencia" y "la práctica de cesar en la tutela de los menores que se ausentan del centro".

En ambos casos, la Administración local considera que actúa "legalmente". En el primer caso, con respecto a los plazos de solicitud de permisos de residencia para los MENA que tutela, porque la normativa vigente establece que "una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de repatriación" de un menor "y en todo caso transcurridos nueve meses desde que haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores" se procederá "a otorgarle la autorización de residencia".

Así se opera "con carácter general", aunque en los casos en los que se aprecia "una especial vulnerabilidad" (madres jóvenes, discapacitados, entre otros) la documentación se gestiona con más celeridad. La Ciudad Autónoma cree que no puede convertirse en una "expedidora" de permisos de residencia cuando casi la mitad de los jóvenes que pasan por sus dependencias las abandona a corto o medio plazo.

Los ceses de tutela, tras tres meses sin noticias

Con respecto a la suspensión de la tutela 'ex lege' que asume la Administración con los menores que declara en desamparo, el Gobierno de Ceuta no comparte el criterio del Defensor para equipararla a la ordinaria y extenderla, con la consiguiente responsabilidad civil, incondicionalmente hasta los 18 años. "Los ceses se realizan cuando es imposible el ejercicio de la tutela, cuando el menor permanece en paradero desconocido tres meses después de su marcha y se han realizado las correspondientes denuncias para su búsqueda", completa la Ciudad.

En ese sentido, desde el Área de Menores se ha recordado que en las reuniones de la Comisión Interautonómica de directores generales sobre la nueva legislación ya se ha estado debatiendo "expresamente" la necesidad de diferenciar en el artículo 276 del Código Civil, la tutela ordinaria de la tutela administrativa "con el fin de marcar en esta última para su cese plazos y criterios diferenciados". La Ciudad Autónoma ha comenzado 2014 con algo más de un centenar de niños tutelados. Más del 90 por ciento de ellos son de origen marroquí.