Seis meses después de la tragedia del Tarajal, que el 6 de febrero dejó 15 muertos en la bahía sur de la ciudad autónoma, Amnistía Internacional (AI) ha hecho su lectura de los hechos con un impacable tono crítico: "Parece", dice en el informe 'El coste humano de la fortaleza Europa. Violaciones de derechos humanos en las fronteras de Europa con tra personas migrantes y refugidas', "que las autoridades hicieron por completo caso omiso de los derechos humanos de las personas afectadas, incluido el derecho a la vida: no se hizo nada para salvar a quienes corrían peligro de ahogarse".

"El 6 de febrero de 2014 por la mañana, un grupo de alrededor de 400 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo del África subsahariana intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta, enclave español del norte de África", recuerda la prestigiosa oenegé, que refiere que "los primeros intentos que hicieron, tratando de saltar la valla de la frontera terrestre, no dieron resultado, así que unas 250 personas se dirigieron a la cercana playa de El Tarajal para intentar pasar a nado al lado español".

"Cuando estaban en el agua, miembros de la Guardia Civil española dispararon pelotas de goma y de fogueo y lanzaron gas lacrimógeno", hilvana el informe, que señala que "la descripción que hizo el ministro de lo sucedido y las declaraciones de supervivientes y testigos publicadas en los medios de comunicación demuestran que el objetivo primario de las autoridades españolas era impedir que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas cruzaran la frontera española y entraran en Ceuta".

"Los funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley, violando el derecho internacional, hicieron uso excesivo e innecesario de la fuerza al desplegar medios antidisturbios contra personas desarmadas que nadaban hacia la orilla sin representar ninguna amenaza", concluye.

Para Amnistía Internacional el "envío sumario" de 23 personas a Marruecos esa misma mañana y cuando ya había pisado suelo español "constituyó expulsión colectiva, lo que supuso un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional y de la legislación de la UE y nacional". AI cree que las personas afectadas "fueron expulsadas de territorio español, pues estaban en el lado ceutí de la frontera de la playa del Tarajal". "En cualquier caso", razona, "con independencia de su ubicación física, las 23 estaban en la práctica bajo control y jurisdicción españoles, pues los agentes de la Guardia Civil española las habían detenido".

"Los Estados están obligados ofrecer a las personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción la oportunidad de solicitar asilo y de impugnar su traslado a otro Estado", termina AI, que entiende que "las expulsiones sumarias, como las llevadas a cabo en Ceuta el 6 de febrero, constituyen una violación del derecho internacional y regional de los derechos humanos".

2.000 millones en 'blindaje' y 23.000 muertos

La Unión Europea se gastó entre 2007 y 2013 cerca de 2.000 millones de euros en blindar sus fronteras, casi tres veces más que lo que empleó en políticas para proteger a refugiados y solicitantes de asilo, 700 millones en el mismo periodo, según pone de manifiesto un informe difundido este miércoles por Amnistía Internacional.

El trabajo, lanzado a nivel mundial, denuncia que el coste de construir una 'Europa fortaleza' se paga fundamentalmente en vidas humanas, con más de 23.000 personas muertas intentando llegar a la UE en la última década --200 sólo en el primer semestre de este año-- y en derechos fundamentales, con prácticas de devoluciones en caliente y expulsiones colectivas.

Para Amnistía Internacional este "orden de prioridades" en el presupuesto de la UE contrasta con el hecho de que el 48% de las personas que tratan de entrar irregularmente en el territorio proceden precisamente de países en guerra o donde se persigue a los ciudadanos: Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia. Para ellos, sin embargo, se destina un euro de cada cuatro que se gastan en seguridad.