Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), junto con Caminando Fronteras, Coordinadora de Barrios, Red Acoge y SOS Racismo, han recordado este viernes en Madrid a los al menos 15 subsaharianos que murieron hace un año en Ceuta intentando sortear el espigón fronterizo del Tarajal. En el acto, celebrado frente al Templo de Debod en Madrid, se han depositado quince rosas en memoria de las catorce personas fallecidas, y otra desaparecida, sobre una concertina, símbolo según las entidades de “una política migratoria que no respeta los derechos de las personas migrantes y refugiadas”.

El hecho de que las autoridades españolas "no hayan investigado debidamente el ahogamiento de 14 migrantes frente a la costa de Ceuta después de que la Guardia Civil utilizase contra ellos material antidisturbios de forma desproporcionada" pone de relieve, a su juicio, "el lamentable menosprecio hacia la vida humana que impera en las frontera de España con Marruecos, han sostenido ambas organizaciones en el aniversario de la tragedia".

“Un año después de este trágico incidente, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia, mientras la investigación ha sido ralentizada”, ha afirmado María Serrano, portavoz de Política Interior de Amnistía Internacional.

Ambas entidades han recordado que "en un primer momento se negó desde el Gobierno el uso de material antidisturbios" y que solo "tras las inmagenes aparecidas con posterioridad sobre el material empleado", el Ministro del Interior reconoció dicho uso, "aunque afirmó que se había evitado alcanzar a las personas que estaban en el mar". "Sin embargo, según testimonios de los supervivientes, algunos de ellos fueron alcanzados con pelotas de goma cuando estaban en el agua y el gas lacrimógeno lanzado por la Guardia Civil les causó serias dificultades de vision y respiración", han precisado.

El Congreso votó en contra de la propuesta de crear una comisión parlamentaria para investigar el incidente. Aunque en febrero de 2014 se abrió una investigación judicial sobre las muertes, la jueza ceutí, que quiere inhibirse, "se apoya en el mismo cuerpo policial, la Guardia Civil, que está siendo investigado y que dirigió la operación con resultados fatales el año pasado". "Hasta la fecha la investigación no ha sido exhaustiva, rápida ni imparcial", han lamentado AI y CEAR, que opinan que la instructora "no recogió información vital, como la identidad de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, después de que las ONG cuestionaran su inacción ante los tribunales.

“Un año después apenas se ha avanzado en la investigación para conocer a los responsables de las muertes de El Tarajal. Las víctimas de esta tragedia y sus familias merecen algo más que excusas y evasivas. Tienen derecho a conocer lo sucedido”, ha resaltado Patricia Fernández, miembro de la Coordinadora de Barrios.

Expulsiones sin proceso: "España incumple la ley"

Además de las denuncias de uso excesivo de la fuerza, la expulsión sumaria a Marruecos de un grupo de 23 personas que consiguieron llegar a la Playa de El Tarajal "supuso una violacion de normas internacionales de derechos humanos vinculantes para España". Esas personas fueron, para AI y CEAR, "devueltas de forma sumaria a Marruecos sin que se les diera la oportunidad de pedir asilo o recurrir contra la expulsión pese a que llegaron a la playa de el Tarajal y se encontraban bajo jurisdicción española cuando fueron detectadas por la Guardia Civil española".

“Esta devolución sumaria vulneró de forma flagrante las obligaciones españolas, europeas e internacionales en materia de derechos humanos y derecho de asilo. No fue la primera ni tampoco la última. Este tipo de prácticas han continuado periódicamente durante todo el año pasado”, ha añadido Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

“En lugar de corregir una práctica que persigue impedir a toda costa que personas refugiadas y migrantes entren en España devolviendo ilegalmente a quienes llegan, el gobierno está buscando fórmulas para legalizar las devoluciones sumarias y el uso desproporcionado de la fuerza para sellar sus fronteras”, ha argumentado Galán.

Como muestra de oposición a esta reforma, y tras el acto en recuerdo a las víctimas del Tarajal, Amnistía Internacional y CEAR han entregado en la Cámara alta casi 95 000 firmas ciudadanas recogidas en las campañas #PortazoAlGobierno y estohayquecortarlo.org “La legalización de las devoluciones en caliente violaría claramente las obligaciones internacionales asumidas por España y pondrían más vidas en peligro. El Senado no puede dar cobertura legal a una práctica claramente ilegal”, ha concluido María Serrano.