El presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta, Juan Luis Aróstegui, uno de los sancionados con 301 euros por manifestarse contra las políticas del Ministerio de Educación durante la visita de su titular, José Ignacio Wert, a la ciudad autónoma el pasado verano, ha presentado un recurso de alzada dirigido al minitro del Interior contra la resolución de ese expediente en en el que pide su anulación por "esperpéntico".

A su juicio "las pruebas y argumentos utilizados sólo abundan en la idea de que más allá de aplicar las normas en defensa del interés general, lo que en realidad subyace en este expediente (tramitado contra otras tres personas con delirios similares) es una sanción política dirigida contra quienes combatimos las políticas neoliberales que están agrediendo injustamente al sistema educativo".

"La concentración en la que participé", destaca el también diputado autonómico, "fue un ejemplo de corrección, exquisitamente respetuosa con las pautas sociales de comportamiento universalmente aceptadas".

Desde su punto de vista "parece obvio que no puede prevalecer una norma administrativa (existente precisamente para garantizar un derecho) sobre el propio derecho fundamental [el derecho a manifestación] que se debe proteger".

"La sanción, una vez conocido que el desarrollo de la concentración fue impecable, pone de manifiesto que trata de una acción torticera, que en realidad persigue sancionar la protesta, con el fin de castigar a los que discrepan de la política del Gobierno y amenazar a la ciudadanía para disuadirla de combatir en la calle las devastadoras políticas del Gobierno del PP", argumenta el sindicalista, que estima que "se trata en definitiva de un abuso de autoridad poniendo la maquinaria del poder al servicio de los intereses particulares de un partido concreto, el PP".

Aróstegui recuerda que para la visita de Wert no se pudo organizar una concentración con la comunicación previa preceptiva porque "la agenda detallada del ministro fue conocida con muy poco tiempo de antelación" y "no se puede comunicar un evento en lugar y hora inciertos". "Si se hubiese podido convocar una concentración", avisa, "hubieran acudido centenares, acaso miles, de ciudadanos indignados por una situación insostenible como la que padece la Educación en nuestra Ciudad".

"Las personas que allí estuvimos, nos presentamos de manera espontánea y porque al conocer la agenda en los medios, incluso algunos en la misma mañana, elegimos aquel [la Biblioteca Pública de Recinto Sur] como el mejor lugar posible para expresar libremente nuestra discrepancia con el Gobierno", añade convencido de que "sancionar la presencia en una concentración, por el mero hecho de no haber sido comunicada, supone un ataque frontal a la libertad de expresión y una clara vulneración del derecho de reunión".

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