'Arasti Barca' no ve lógico que la Ciudad quisiese renovar su contrato "en mayo" y ahora lo rescinda

El conflicto entre 'Arasti Barca' y la Ciudad Autónoma acabará en los Juzgados. Eso es lo que augura al menos, "indignado" y con un cabreo "monumental", el director de la empresa que hasta ahora ha gestionado la Escuela Infantil 'La Pecera', Miguel Arasti. Primero, por la sanción de 60.000 euros que se le ha impuesto por dar de baja a sus trabajadores de actividades extraescolares el verano pasado. Después, quizá, por el Decreto de no renovación de su contrato que ya ha firmado Emilio Carreira. "No es lógico ni coherente y no sé si legal", protesta, "que en mayo se nos propusiese renovar el contrato y ahora, por unos hechos de hace nueve meses, nos enteremos de la rescisión a través de los medios con una llamada de Deu como única comunicación directa".

La empresa está molesta por las formas del Gobierno y por el funcionamiento de una Administración en la que ve a los técnicos atados de pies y manos por los políticos. Arasti asegura que siempre actuaron "de fuena fe" al dar de baja a esa parte de su plantilla en periodos vacacionales y posteriormente de alta porque, a su juicio, el Pliego limitaba sus obligaciones al año académico oficial.

Así actuó hasta la Navidad pasada, aunque desmiente haber repetido comportamiento en Semana Santa. "Según nuestra interpretación del contrato, avalada verbalmente tanto por el viceconsejero de Hacienda, Manuel Blasco, como por la consejera de Educación, Mabel Deu, la plantilla debía estar dada de alta durante el curso académico oficial, no los 365 días del año, aunque ya veremos lo que acaban diciendo los jueces”, alega el empresario.

Tras un primer conflicto sobre la figura de la directora con la Ciudad que acabó sin multa ("con apercibimiento, según el consejero de Hacienda), Arasti explica que "creímos que hacíamos las cosas conforme a la norma hasta que Contratación respondió formalmente, con bastante retraso, a nuestra pregunta al respecto y se nos presentaron nuevas reticencias sobre la gestión de Personal, por lo que nos adaptamos a sus requerimientos”.

“Somos una empresa con más de 800 trabajadores en todo el país, sin ninguna sanción en casi 20 años de trayectoria, con acreditada experiencia en gestión deportiva y educativa y nos congratula que el Gobierno diga que la gestión educativa ha sido extraordinaria, a nuestro juicio mucho peor que la del resto de centros del mismo nivel de Ceuta”, recuerda la adjudicataria saliente, “pero no nos parece ni lógico ni coherente enterarnos por los medios de que se nos cancela la concesión cuando en mayo nos ofrecieron renovarla por otros dos años”.

El empresario tiene la sensación de que en Ceuta “los políticos se están pegando patadas en nuestro trasero” y censura que el Gobierno local haya utilizado una sanción, la impuesta por dar de baja a los trabajadores durante el verano pasado, “cuyo expediente no está cerrado hasta el 4 de septiembre, cuando vence el plazo de recurso, y que llevaremos al Contencioso si no se atienden nuestras razones”, para ponerla de patitas en la calle.

Según ‘Arasti Barca’ y sus abogados "no se nos puede imponer una sanción de 60.000 euros, equivalente al 5% del contrato bianual, cuando el Pliego señala que deben circunscribirse a cada ejercicio”. “Nosotros pensamos que el Gobierno de Ceuta debería haberse planteado si el trabajo se está haciendo bien o mal, si el servicio es excelente o pésimo, y, si existe una diferencia sobre la interpretación del contrato, sentarse con nosotros y hablarlo”, resume Miguel Arasti, quien asegura haber venido a Ceuta “innumerables veces” sin haber podido reunirse “nunca” ni con el presidente de la Ciudad ni con el interventor de la Administración.

"Es el ahorro del perejil"

Según su argumentario, a ‘Arasti Barca’ es a la primera parte que “le interesa cumplir”. “El ahorro por dar de baja a los trabajadores, una vez descontados sus finiquitos y vacaciones no disfrutadas, es el del perejil", subraya, "y nosotros siempre hemos mantenido un comportamiento modélico para con Ceuta y con su Administración, que no ha tenido el necesario ‘quid pro quo”.

En ese sentido refiere que el Ayuntamiento debe actualmente “un total de 1,43 millones de euros a fecha 31 de julio” a su empresa con cargo a los dos servicios de Deportes que gestiona y a ‘La Pecera’. “Pese a lo que dice la Ley y pese a que hay facturas que no se nos han incluido en los planes de pago a proveedores nunca hemos reclamado intereses que serían muy cuantiosos en aras a la buena fe con la que hemos actuado”, ha comparado.

"Nosotros", completa, "a diferencia de otros, nunca hemos utilizado a los trabajadores, que siempre han cobrado puntualmente el último día de cada mes con independencia de que la Administración nos transfiriese los pagos a nosotros o no, para chantajear con protestas al Gobierno local".

Carreira: "Los contratos los interpreta la Administración"

El consejero de Hacienda del Ejecutivo local, Emilio Carreira, replica a 'Arasti Barca' con contundencia que "la interpretación de los contratos la hace la Administración y el órgano de Contratación, que ahora soy yo, es el que decide qué se ajusta y qué no a lo establecido y cómo se actúa en consecuencia”, resume.

Para el consejero el asunto “que hay quien parece no querer entender” es que “las mejoras del Pliego propuestas por ‘Arasti Barca’, que la hicieron pasar del quinto al primer lugar, por una décima, de entre las licitadoras, se convierten en obligación contractual al ser asumidas”.

“El Pliego podía hablar de año académico pero ‘Arasti Barca’ se comprometió a tener 11 jornadas completas durante todo el año natural en ‘La Pecera’ y no lo ha hecho en reiteradas ocasiones, por lo que no se autorizará la renovación de la adjudicación, sin entrar en ninguna disquisición sobre su prestigio”, asevera.

Carreira también deja claro que el procedimiento administrativo de la sanción de 60.000 euros por las bajas del verano pasado “está terminado en la Ciudad, aunque la empresa puede ir al Contencioso” y ha advetido a Arasti de que “cobrará todo lo que se le deba y que esté acreditado por los técnicos municipales que debe percibir como contraprestación a los servicios que haya prestado”.

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