Los trabajadores de las Brigadas Verdes quieren que la FPAV siga gestionando los 3,5 millones de euros públicos con los que la Ciudad mantiene sus 146 puestos de trabajo. Este lunes en asamblea han votado en el Salón de actos del Edificio Sindical por abrumadora mayoría (94 a 11) que no quieren explorar la vía de Tragsa que planteó el Gobierno de Ceuta como alternativa a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.

De esta forma se ha cerrrado el periodo de reflexión abierto en otoño, cuando empezaron a aflorar los problemas económicos de la FPAV, que si no devuelve el dinero que debe a la Administración se verá abocada más tarde o más temprano a no poder seguir recibiendo fondos públicos y, por lo tanto, a dejar de pagar los sueldos.

Según ha detallado Juan Luis Aróstegui (CCOO) en la reunión, la Federación ya ha reconocido que debe "51.000 euros" a la Ciudad por falta de justificación. La Administración, por su parte, le ha concedido una fórmula de fraccionamiento del pago, pero la FPAV debe obtener ahora ingresos con los que hacer frente a esa obligación, que no puede cubrir con los 3,5 millones que recibe anualmente para las Brigadas Verdes.

La asamblea ha transcurrido sin incidentes y durante la misma se ha dado lectura a la carta en la que la consejera de Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, respondió a las preguntas que sobre el mantenimiento de sus sueldos y categorías, entre otros extremos, le había transmitido el Comité de Empresa.

El cambio a Tragsa hubiera conllevado la aplicación del Convenio Colectivo estatal de Jardinería a jornada laboral de promedio en cómputo anual de 37,5 horas semanales y unos sueldos “idénticos a los del año 2019”. Se habría respetado “la antigüedad de cada trabajador” y “las áreas funcionales actuales”, así como “la adscripción actual de los trabajadores a cada una de ellas,