El profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Juan Carlos Andreo lleva casi diez años, desde que recibió la primera beca del IEC para hacerlo, estudiando cómo funciona el sector del empleo de hogar transfronterizo en la ciudad autónoma. Desde entonces, un hito ha marcado "un antes y un después" en él, la normativa que en 2011, bajo amenaza de fuertes sanciones, hizo aflorar parte de ese trabajo sumergido y duplicó de unas 650 a alrededor de 1.200 las personas dadas de alta en la Seguridad Social.

Andreo ha desglosado este martes en la Biblioteca Pública las principales conclusiones obtenidas del análisis realizado de las condiciones sociolaborales y las relaciones humanas que se establecen entre empleadas y empleadores (sobre todo mujeres), un trabajo que ahora está en plena actualización de datos.

El investigador solo ha rechazado entrar a especular siquiera sobre el volumen de transfronterizas que siguen entrando y saliendo cada día de Ceuta para trabajar en casas particulares sin estar dadas de alta, aunque en los contactos para las entrevistas realizadas se comprobó, sin poder extraer cifras con valor científico, que "el 80%" no habían sido regularizadas.

El análisis efectuado retrata a un sector en el que los contratos se mueven con el "boca a boca" y los "traspasos" entre familias, un mecanismo informal pero efectivo para dar "estabilidad" a las empleadas, que con "buenas referencias" acaban teniendo empleo legal o ilegal casi asegurado, sobre todo para hacer limpieza de hogar general, una parte con jornadas completas de lunes a viernes (a cambio de entre 300-400 euros al mes) y otra con compromisos de media jornada dos días por semana (por unos 20 euros más transporte al día).

El cuidado de personas todavía no es una gran fuente de empleo de esta naturaleza aunque los expertos auguran que irá en auge por la propia evolución demográfica del país, en la que Ceuta va con retraso con una población todavía, de media, mucho más joven que la media nacional.

Las empleadas acumulan una media de más de 3,5 años con sus empleadoras, hasta el doble si se trata de personas con edad avanzada, pero la regularización no creció hasta que la normativa se endureció. Todo ello a pesar de que una y otra parte creen que tienen relaciones "más allá de lo estrictamente profesional" que valoran de manera positiva también por el intercambio cultural que suponen. Las trabajadoras prefieren ir a casas "nazarinas", de famlias locales cristianas, y estas a su vez desean contar con empleadas "marroquíes", a las que se presume eficiencia más o menos inmediata.

Se trata de una simbiosis, no obstante, bastante imperfecta. "No se construye un espacio social común y el trato es un tanto utilitarista: hacen cosas y se van pese a que se trata de mujeres emprendedoras", ha lamentado Andreo, que cree que la Administración debería consolidar las deducciones para empleadores regulares y evitarles burocracia, así como reconocer el derecho del sector a prestaciones por desempleo.

Tampoco estarían de más, ha propuesto, encuentros periódicos en los que, pese a la falta de capacitación lingüística en castellano algo más avanzada de la mayoría de las trabajadoras, se pudiera ir más más allá en los contactos y relaciones personales. Además, aboga por elaborar guías bilingües con derechos y deberes de ambas partes y por consolidar la conciencia de colectivo laboral de las trabajadoras, que siguen en una situación de franca debilidad.