El secretario general de CCOO de Ceuta, Juan Luis Aróstegui, ha instado por escrito al delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, a "corregir las prácticas abusivas que lesionan gravemente los derechos de los desempleados, a los que se priva de sus derechos por supuestas sospechas de no ser residentes en la ciudad".

En su misiva, el sindicalista lamenta que según consta en los documentos por los que el SEPES dicta sus resoluciones, los desempleados son visitados por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional y, cuando no se encuentran en el mismo, deducen que no son residentes en la ciudad, promoviendo tanto su baja en el Padrón como la suspensión de las prestaciones o subsidios por desempleo que pudieran estar percibiendo.

Para CCOO esta práctica es "un atropello intolerable a los derechos de los ciudadanos y, particularmente, a los de los trabajadores desempleados, a los que se criminaliza y niega su derecho a la presunción de inocencia, actuando bajo meras sospechas de manera cautelar, generando perjuicios a los interesados que pueden producir daños irreparables".

Comisiones Obreras considera que emplear medios del Estado como la UCRIF para perseguir parados, "que bastante castigo tienen con que se les impida su derecho a trabajar", es "un despilfarro de recursos públicos que debe ser corregido". "El fraude documental y las redes de inmigración ilegal contra las que, teóricamente, debería luchar la UCRIF no se combaten persiguiendo a parados, sino actuando de forma eficaz contra las mafias organizadas y los empresarios desaprensivos que contratan a personas de forma irregular", argumenta el sindicato.

CCOO apoya "incondicionalmente" la lucha contra el fraude en las prestaciones, pero exige que esta lucha sea "compatible con el respeto a los derechos de los ciudadanos y con el rigor de la actuación administrativa". La central ha advertido al delegado de que si la Administración bajo su dependencia continúa "atropellando derechos ciudadanos como hasta ahora" se interpondrán demandas penales "por prevaricación" contra los responsables de ese tipo de resoluciones.