Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha informado este jueves de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso de suplicación planteado por el INGESA contra la sentencia del Juzgado de lo Social en relación con la demanda interpuesta por el sindicato en nombre y representación de 32 trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario terrestre en Ceuta.

La sentencia condenaba solidariamente a Ambulancias Royda S.L., INGESA, Ambulancias MP y María Eugenia Pasquau al pago de distintas cantidades a los trabajadores de dicho servicio externalizado en concepto de pagas extras no abonadas en su día, que ascendían en aquella fecha a más de 54.000 euros. Notificada a las partes, ninguna procedió al pago de las cantidades adeudadas, lo que ha llevó a la central a pedir la ejecución de la sentencia.

Representantes de la dirección de la actual concesionaria, Ambulancias MP, se han reunido este jueves con los delegados de personal y la dirección de CCOO para expresar su negativa a proceder al pago, por lo que desde el sindicato se va a proceder a solicitar el embargo de los bienes de deudor y su posterior reducción a metálico "para conseguir el resarcimiento de los legítimos intereses de los trabajadores".

Si se procede al embargo del parque de ambulancias de la empresa, este servicio público, gestionado por Ambulancias MP, contratada para la ejecución del mismo, "peligra en cuanto a que dejaría de prestarse a los usuarios si la empresa no repone inmediatamente los vehículos necesarios para la continuidad de este servicio".

El INGESA, condenado también solidariamente, y como titular del servicio público tiene a juicio de CCOO "el deber de velar por el buen desempeño del mismo y, en el caso en que los bienes embargados a la empresa, no alcancen para el pago de las deudas tendrá que abonar la parte de los salarios adeudados que proceda, hasta completar el total de las cantidades consignadas en la sentencia".

Comisiones considera "irresponsable" que la Administración haya encomendado el servicio "a empresas que incumplen sus obligaciones laborales y que pueden repercutir negativamente tanto en la calidad de dicho servicio como en el pago de deudas correspondientes a las concesionarias".

El sindicato pide "la recuperación de la gestión directa de los servicios públicos por parte de las administraciones competentes para evitar situaciones como esta que ponen de manifiesto que la afirmación de que las empresas privadas funcionan mejor y son más rentables que las públicas, es completamente falsa".